La Fabriquilla - PP

El caso La Fabriquilla es un escándalo de corrupción urbanística en Roquetas de Mar (Almería) protagonizado por la cúpula del Ayuntamiento gobernado por el Partido Popular. El caso se origina en la concesión, el 14 de mayo de 2007, de una licencia de construcción a la empresa Hortiagrícola para edificar diez chalets de lujo en la Unidad de Ejecución 109 de El Parador, en el paraje conocido como La Fabriquilla. La licencia fue aprobada en Junta de Gobierno a pesar de que la modificación puntual del Plan Especial que la amparaba había sido declarada nula por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el 10 de mayo de 2007, apenas cuatro días antes de la votación.

La denunciante principal del caso fue Margarita Kaiser Terriza, antigua propietaria de la finca La Fabriquilla, quien sostuvo que había sido presionada para vender su propiedad como suelo agrícola a precio de derribo, y que a los pocos días de la venta el terreno recibió una hipoteca sobre suelo rústico por 800.000 millones de pesetas y fue inmediatamente recalificado, multiplicando su valor de forma extraordinaria. La asociación AMAyT (Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia) presentó una denuncia formal que dio pie a la instrucción judicial. En 2012, el juez citó como imputado al exconcejal de Urbanismo Manuel González Fernández, y en octubre de 2014 la jueza María del Mar Alejo Rico imputó formalmente al alcalde Gabriel Amat Ayllón, presidente de la Diputación Provincial de Almería y líder del PP provincial, junto a seis concejales más que votaron la licencia y dos técnicos municipales que emitieron informes favorables.

En mayo de 2015 la jueza instructora acordó el sobreseimiento provisional de la causa al no apreciar indicios suficientes de que los imputados hubieran actuado a sabiendas de la ilegalidad de la licencia. La Audiencia Provincial de Almería confirmó definitivamente el archivo del caso en febrero de 2016, tras desestimar el recurso de apelación presentado por AMAyT. El asunto tuvo un notable impacto político local: el PSOE exigió responsabilidades al alcalde Amat, quien celebró el archivo como una vindicación. Los miembros de la junta directiva de AMAyT fueron a su vez denunciados por calumnias e injurias ante el mismo juzgado.