Caso Imelsa (Taula) - PP

El caso Imelsa, también conocido como Operación Taula, es una macrocausa de corrupción que investiga una trama de sobornos, blanqueo de capitales y adjudicaciones irregulares vinculada al PP en la Comunidad Valenciana. La investigación se centra en contratos fraudulentos en la empresa pública Imelsa (dependiente de la Diputación de Valencia), la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, Ciegsa (empresa de la Generalitat encargada de construir colegios públicos) y la Fundación Jaume II El Just. Los investigadores determinaron que esta organización criminal habría cobrado comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de cientos de contratos públicos, siendo el sistema de mordidas del 2% en muchos casos.

La trama operaba mediante un sistema de blanqueo de capitales en el que concejales, asesores y personal administrativo del grupo popular transferían 1.000 euros por vía bancaria que luego recuperaban en dinero negro. Parte del dinero así obtenido habría servido para financiar al Partido Popular. Además, se contrataron trabajadores "zombis" en empresas públicas valencianas que cobraban pero no acudían a su lugar de trabajo, en consideración a su relación con el PP, para prestar favores políticos o por amistad. La figura clave fue Marcos Benavent, gerente de Imelsa, quien grabó clandestinamente conversaciones durante años que aportó a la Fiscalía Anticorrupción, convirtiéndose en colaborador de la justicia.

El caso ha tenido un enorme impacto político en la Comunidad Valenciana, provocando el fin de la carrera política de Rita Barberá y la condena de Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia, entre otros altos cargos del PP valenciano. Las primeras sentencias condenatorias se emitieron en 2023, con penas de hasta 9 años de prisión para algunos implicados. La investigación abarca contratos desde el año 2003 y cuenta con más de 115 investigados, siendo una de las mayores causas de corrupción del PP valenciano.