Caso Horas Extras - PP

El Caso Horas Extras de Rota es una trama de corrupción municipal que afectó al Ayuntamiento de Rota (Cádiz) entre 2004 y 2010, protagonizada por políticos del PP y funcionarios municipales que diseñaron un esquema fraudulento para pagar trabajos de bordado realizados por un funcionario municipal en su taller privado mediante el concepto de "horas extraordinarias" en su nómina. La investigación, destapada por Izquierda Unida, reveló que la entonces delegada de Fiestas Eva Corrales y el responsable técnico José María Caballero Márquez acordaron adjudicar irregularmente a Manuel García Rodríguez, funcionario del área de Gestión Tributaria, la confección de bandas de sirenas, ninfas de carnaval y damas de fiestas populares en su taller particular, a pesar de conocer la prohibición legal que impedía a un funcionario ser adjudicatario de contratos municipales.

Para ocultar esta irregularidad, se estableció un sistema fraudulento de pagos que operó en dos fases: inicialmente, entre 2004 y 2007, las facturas se emitieron a nombre de Josefa Moreno Rebollo, esposa de Manuel García, como pantalla para ocultar la identidad del verdadero destinatario de los contratos. A partir de 2007, se adoptó un mecanismo aún más irregular: con la connivencia del delegado de Personal Francisco Arjona Laynez y el interventor municipal Miguel Fuentes Rodríguez, se acordó abonar estos trabajos externos directamente en la nómina del funcionario bajo el falso concepto de "gratificaciones por trabajos extraordinarios" o "horas extra", en cantidades desmesuradas que no correspondían a trabajo municipal alguno. El Tribunal Supremo destacó que se obvió "lo que debía haber sido un contrato de suministro publicitado y transparente" mediante "elaboración de facturas falsas, encubriendo el pago bajo la fórmula de horas extras, en cuantía desmesurada y obviando la legalidad administrativa".

La Audiencia Provincial de Cádiz condenó inicialmente en 2014 a nueve implicados, sentencia que fue posteriormente ratificada por el Tribunal Supremo en mayo de 2016. Eva Corrales, que ejerció como alcaldesa del PP entre 2011 y 2015, recibió la pena más severa: cuatro años y seis meses de prisión por falsedad en documento oficial, ocho años y seis meses de inhabilitación especial para cargo público por prevaricación continuada, y multas por valor de 2.700 euros. Ismael Puyana, concejal del PP que sucedió a Corrales en la Delegación de Fiestas, también fue condenado a cuatro años y medio de cárcel y cinco años y tres meses de inhabilitación. En un giro controversial, en febrero de 2017 el Gobierno concedió indultos parciales a seis de los condenados, rebajando las penas de prisión a dos años (lo que permitía evitar el ingreso en prisión) y convirtiendo las inhabilitaciones en suspensiones temporales, de manera que no perdieran sus puestos ni su condición de funcionarios, generando una fuerte polémica sobre la impunidad de la corrupción política en España.