Caso Hidrogea - PP

El caso Hidrogea investiga el presunto trato de favor otorgado por políticos del PP del Ayuntamiento de Cartagena a la empresa concesionaria del servicio municipal de aguas, Hidrogea (anteriormente Aquagest, filial del grupo Agbar/Suez). La investigación, que forma parte de la macro-operación Pokémon instruida por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Lugo, se centra en los viajes de placer pagados por la empresa a la alcaldesa y varios concejales entre 2005 y 2012, en momentos clave antes y después de decisiones municipales que beneficiaron a la compañía. El viaje más emblemático tuvo lugar en abril de 2008, cuando la entonces alcaldesa Pilar Barreiro y los concejales Agustín Guillén y María Ángeles Palacios viajaron a Nueva York con todos los gastos pagados por Aquagest, con un coste de 53.688,53 euros cargados a nombre del directivo de la empresa Luis Rodolfo García.

Según un informe de Vigilancia Aduanera aportado por la jueza instructora Pilar de Lara, el núcleo del caso es la prórroga irregular del contrato de servicio de aguas por 25 años adicionales, aprobada en noviembre de 2003 a pesar de un informe contrario del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, y firmada en marzo de 2004 por Pilar Barreiro como alcaldesa, extendiendo la concesión hasta 2042 sin proceso de licitación competitiva. Posteriormente, la Junta de Gobierno Local aprobó invertir más de 12,5 millones de euros en infraestructuras con cargo a las tarifas de los ciudadanos, obras que beneficiaron directamente a Hidrogea como concesionaria. La comisión de investigación municipal que estudió el caso estimó un exceso de costes de aproximadamente 5 millones de euros anuales desde 2012, lo que supone unos 25 millones en beneficio de la empresa. Adicionalmente, en 2023 las asociaciones ASEPUCAR y AGUAIURIS presentaron una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por un presunto desvío de 45 millones de euros a favor de Hidrogea.

La instructora del caso, la jueza Pilar de Lara, fue sancionada en 2019 por el Consejo General del Poder Judicial con siete meses y un día de suspensión —perdiendo su plaza en Lugo— en lo que la propia magistrada denunció como un intento de apartarla de los macrocasos que instruía. Por su condición de aforada como senadora, Pilar Barreiro no podía ser investigada en el juzgado gallego, sino ante el Tribunal Supremo, donde fue investigada por el caso Púnica aunque la causa fue archivada en 2018 por falta de pruebas. El caso Hidrogea sigue sin resolución definitiva.