Caso Hidrogea - PP

El caso Hidrogea investiga el presunto trato de favor otorgado por políticos del PP de Cartagena a la empresa concesionaria del servicio municipal de aguas Hidrogea (anteriormente Aquagest). La investigación, que forma parte de la macro-operación Pokémon instruida por el Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, se centra en viajes pagados por la empresa a concejales y la alcaldesa entre 2005 y 2012, antes y después de decisiones que beneficiaron a la compañía.

Según un informe de Vigilancia Aduanera detallado por la jueza, se investiga la prórroga del contrato de servicio de aguas por 25 años adicionales (desde 2017 hasta 2042) aprobada en noviembre de 2003, a pesar de existir un informe en contra del Consejo Jurídico de la Región de Murcia. La empresa vio aprobadas obras millonarias y en 2004 se autorizó la ampliación del contrato hasta 2042. Tres meses antes de esta decisión, la Junta de Gobierno Local aprobó invertir más de 12,5 millones de euros en infraestructuras con cargo a las tarifas de 2009 y 2010. Además, existe una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por un presunto desvío de 45 millones de euros a favor de Hidrogea.

La senadora del PP Pilar Barreiro, exalcaldesa de Cartagena, está relacionada con el caso pero al estar aforada ante el Supremo no puede ser imputada en el juzgado gallego. Cuatro exconcejales del PP fueron citados a declarar como investigados por los viajes pagados. Los desplazamientos a distintas ciudades de España, Europa y América que disfrutaron Barreiro y otros concejales tuvieron lugar en momentos clave para la toma de decisiones favorables a Aquagest/Hidrogea. El caso afecta también a los municipios de Murcia y Lorca y se extiende a varias provincias.