Caso Halsa - PP

El caso Halsa, también conocido como Operación Términus o caso Hispano Almería, es una macrocausa judicial que investiga una presunta red de corrupción articulada en torno a la constructora Hispano Almería (HALSA) y varios municipios almerienses gobernados por el PP entre los años 2000 y 2010. El origen del caso se sitúa en noviembre de 2013, cuando un exempleado de la empresa encontró cientos de documentos contables en un contenedor de basura que revelaban la existencia de una contabilidad paralela —la denominada "caja B"— con la que supuestamente se pagaron comisiones ilegales a políticos, técnicos municipales y al propio Partido Popular para obtener contratos públicos. Esos documentos fueron entregados a la Fiscalía Superior de Andalucía en Granada por la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT), que formalizó la denuncia.

Según un informe de 3.000 páginas elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, la constructora habría pagado en efectivo un total de 7,2 millones de euros entre los años 2000 y 2010. De esa cantidad, 5,4 millones corresponden a pagos identificados como "pagos a POL" (políticos) y 1,8 millones a técnicos municipales. Los municipios afectados son Roquetas de Mar, Níjar y La Mojonera, todos bajo gobierno del PP durante el periodo investigado. Solo en Roquetas de Mar, el Ayuntamiento adjudicó a Hispano Almería 62 contratos de obras valorados en más de 77 millones de euros entre 2000 y 2010. La UDEF también contabilizó 136.500 euros en pagos directos a la estructura del PP para financiar campañas electorales provinciales de 2003 y 2008, así como a determinados medios de comunicación locales. La red estaría encabezada por Miguel Ángel Morales Duarte y su hijo Miguel Ángel Morales Carrillo, propietarios de la constructora y del grupo empresarial asociado.

El caso fue asumido en 2014 por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Almería, procedente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. A lo largo de casi doce años de instrucción, la causa acumuló 52 piezas y más de 36.000 folios. La instructora, la jueza Ana Belén Vico Serrano, intentó en septiembre de 2020 inhibirse y repartir el sumario entre varios juzgados de El Ejido y Roquetas de Mar, pero la Audiencia Provincial de Almería revocó esa decisión y ordenó que la investigación continuara de forma unificada en Almería capital. En enero de 2026, el juzgado acordó el sobreseimiento provisional de la pieza principal relativa a Roquetas de Mar al no apreciar indicios suficientes de delito en la contratación investigada; el PSOE anunció recurso contra esa resolución. Las piezas separadas relativas a otros municipios permanecen en distintas fases de instrucción.