Gürtel/Ayto. de Jerez - PP

La pieza separada del caso Gürtel relacionada con el Ayuntamiento de Jerez investiga la adjudicación irregular de tres contratos públicos a empresas de la trama de Francisco Correa por un montante total de 355.391 euros. Los contratos se otorgaron directamente, de forma verbal y sin concurso público, para la participación de la ciudad de Jerez en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2004: el montaje del expositor, un espectáculo ecuestre en la Plaza Mayor de Madrid y un espectáculo flamenco en los Jardines de Cecilio Rodríguez del Retiro. Las empresas beneficiadas fueron Special Events SL y Down Town Consulting, ambas del entramado de Correa. Isidro Cuberos García, exjefe de prensa del PP andaluz y hombre de confianza de Javier Arenas, actuó como intermediario cobrando una comisión de 53.355 euros facturada a Special Events. Cuberos falleció en un accidente de moto en octubre de 2015, cuando se encontraba imputado en la causa.

Las adjudicaciones se realizaron a través del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez (IPDC), un organismo autónomo dependiente del Ayuntamiento, vulnerando los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, objetividad y transparencia. Una vez celebrados los eventos, se elaboraron expedientes administrativos y contables con fechas falsas para dar apariencia de legalidad. La exalcaldesa María José García-Pelayo fue investigada por prevaricación, pero el Tribunal Supremo archivó la causa contra ella en 2016 al no poder acreditar que conociera la ilicitud de las adjudicaciones. En 2019, Isabel Jordán declaró que García-Pelayo había participado en reuniones donde se planeó el beneficio a la trama, lo que llevó a la Fiscalía a pedir la reapertura del caso; el Supremo la denegó definitivamente en 2020 por prescripción.

La Audiencia Nacional condenó el 20 de noviembre de 2019 a Francisco Correa y Pablo Crespo a tres años de prisión y siete de inhabilitación como cooperadores necesarios en delitos continuados de falsedad cometida por funcionario público y prevaricación. También fueron condenados Javier Nombela Olmo (2 años y 3 meses) y Felisa Isabel Jordán Goncet (1 año y 2 meses). Los cinco funcionarios municipales acusados —María del Milagro Pérez, Milagros Abascal, José Enrique Agüera, Lourdes Montenegro y Manuel Báez— fueron absueltos por prescripción, pese a que el tribunal reconoció su participación "con pleno conocimiento" en la adjudicación ilegal. El Tribunal Supremo ratificó estas condenas en febrero de 2022.