Caso Gürtel - Pieza Arganda - PP
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Descripción del caso
El Caso Gürtel - Pieza Arganda es una de las ramificaciones más significativas del macrocaso Gürtel, centrada en las adjudicaciones irregulares de la trama corrupta liderada por Francisco Correa en el municipio madrileño de Arganda del Rey entre 1998 y 2009. La investigación judicial reveló que el exalcalde del PP Ginés López y su número dos, Benjamín Martín Vasco, coordinaron junto a Correa un sistema de comisiones ilegales por valor de 25 millones de euros pagados por el empresario constructor Fernando Martín (expresidente de Martinsa y del Real Madrid) a cambio de la adjudicación de la parcela urbanística UE-124, conocida como "Área de Centralidad", el mayor pelotazo inmobiliario de la red criminal. El sistema operaba mediante un "ayuntamiento paralelo" donde Correa mandaba más que las instituciones democráticas, modificando planes urbanísticos para aumentar la edificabilidad y permitir construcciones de hasta 13 plantas en una zona residencial.
La operación se selló en 2003-2004 en el Hotel Fénix Gran Meliá de Madrid, donde Correa y Fernando Martín acordaron que el primero usaría sus contactos políticos en el PP para facilitar la adjudicación de 158.000 m² de suelo municipal por 77,2 millones de euros. Las comisiones se pagaron en dos tramos: 12 millones tras la adjudicación municipal en noviembre de 2004, y el resto cuando la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre aprobó el proyecto urbanístico en 2006. El dinero se canalizó a través de cuentas en Suiza y empresas pantalla gestionadas por el abogado Ramón Blanco Balín, considerado el cerebro financiero de la trama. López confesó haber recibido 523.427 euros, mientras que Martín Vasco admitió 363.295 euros, aunque las investigaciones apuntan a cantidades superiores. La parcela sigue en construcción dos décadas después, con graves deficiencias urbanísticas como calles demasiado estrechas y edificios desproporcionados.
El caso se destapó en febrero de 2009 cuando el juez Baltasar Garzón ordenó una macrooperación contra la trama Gürtel que incluyó la detención del alcalde López, quien dimitió días después. Tras diez años de instrucción marcados por la inhabilitación de Garzón en 2012, el juez José de la Mata decretó en septiembre de 2019 la apertura de juicio oral contra 21 acusados, imponiendo fianzas de hasta 80 millones de euros a los cabecillas. El juicio comenzó el 3 de marzo de 2025 en la Audiencia Nacional, donde 19 de los 20 acusados reconocieron los hechos a cambio de reducciones de pena. La sentencia del 8 de mayo de 2025 condenó a Correa y Crespo a 8 años y 10 meses de prisión, a López a 5 años y 7 meses, y a Martín Vasco a 6 años. El caso ha dejado a Arganda del Rey con una deuda municipal cercana a los 100 millones de euros, convirtiendo al municipio de 60.000 habitantes en uno de los más endeudados de España, lo que ha impedido inversiones públicas necesarias durante más de una década.
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