Guerra 21 - PP
Descripción del caso
El caso Guerra 21 (también denominado caso Tomares) investiga la adjudicación irregular de contratos públicos municipales por el Ayuntamiento de Tomares (Sevilla) al grupo de empresas Guerra XXI SL entre 2009 y 2013. El entramado estaba administrado por Américo Manuel García Pichardo y José Candón Vázquez, quienes obtuvieron contratos de servicios de publicidad, distribución y asistencia técnica a través de una red de sociedades vinculadas —entre ellas ENUNPISPAS— que facturaron más de 800.000 euros al erario municipal. Según la Fiscalía Anticorrupción, los contratos se fraccionaron deliberadamente en facturas de menor importe para eludir los umbrales legales que obligan a concurso público, incumpliéndose los principios de publicidad, concurrencia, transparencia e igualdad.
El Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla inició las diligencias previas tras una denuncia y detectó que varios concejales del PP del Ayuntamiento de Tomares —de los mandatos 2007-2011 y 2011-2015— participaron activamente en la adjudicación de los contratos, simulando concursos y aprobando pagos sin seguir los procedimientos legales. El informe de 42 páginas elaborado por el fiscal José María Cañal concluye que los hechos constituyen un delito continuado de prevaricación administrativa. Dado que el entonces alcalde, José Luis Sanz Ruiz, era senador en el momento de la investigación, el juzgado elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo, que es el órgano competente para investigar a los aforados.
El Tribunal Supremo archivó en dos ocasiones la causa en lo que respecta al senador Sanz: primero en 2015, por no apreciar indicios de los delitos de prevaricación y malversación en su conducta como alcalde, y de nuevo en 2018 al devolver el caso sobreseído al juzgado de origen. El resto de implicados —concejales del PP y administradores de las empresas— continuaron sometidos a la instrucción en el Juzgado de Instrucción nº 8 de Sevilla. El caso puso de relieve la práctica del fraccionamiento de contratos como mecanismo habitual de corrupción en ayuntamientos españoles controlados por el PP durante la primera década del siglo XXI.
Resumen
Implicados
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