Caso Guateque - PP

La Operación Guateque fue una investigación de la Guardia Civil en noviembre de 2007 contra una presunta red de funcionarios y técnicos del Ayuntamiento de Madrid que, durante la alcaldía de Alberto Ruiz-Gallardón, habrían cobrado comisiones ilegales de hasta 18.000 euros a cambio de agilizar la tramitación de licencias administrativas a locales de ocio, restauración y otras actividades. En la operación inicial fueron detenidas 16 personas vinculadas a la Gerencia de Urbanismo y la Concejalía de Medio Ambiente, y el número de imputados llegó a superar los 40 entre funcionarios, técnicos municipales y empresarios. El caso se consideró en su momento la mayor trama de corrupción municipal en la historia democrática del Ayuntamiento de Madrid. El origen del procedimiento fueron las agendas y discos duros incautados a los intermediarios Eduardo Agustino Carrasco y Julián Rubén López Martínez, propietarios de la empresa de gestión de licencias AC 93, que registraban pagos a nueve funcionarios municipales desde 2001 por un total de 127.000 euros.

Los delitos investigados incluían cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, falsedad documental, prevaricación ambiental y tráfico de influencias. El caso tuvo vínculos señalados por los investigadores con otras tramas del PP madrileño como Gürtel y Púnica: la esposa de Alberto López Viejo (principal acusado de Gürtel en el Ayuntamiento) obtuvo una licencia en tiempo récord para un restaurante, y Francisco Granados (luego imputado en Púnica) acompañó como secretario general del PP regional al viceconsejero imputado Luis Armada en sus declaraciones ante el juez. El caso se extendió a la Comunidad de Madrid cuando fue imputado Luis Armada, viceconsejero de Transportes del Gobierno de Esperanza Aguirre y anterior gerente de Urbanismo del Ayuntamiento, aunque sus cargos fueron posteriormente levantados. La Fiscalía llegó a solicitar una pena conjunta de 250 años de prisión para los 34 acusados que finalmente llegaron a juicio oral en enero de 2017, diez años después de los hechos.

El caso concluyó sin ninguna condena. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid absolvió en junio de 2017 a todos los procesados al declarar nulas todas las pruebas de la causa, al quedar demostrado que la Guardia Civil había actuado de mala fe: entregó una grabadora a un denunciante y obtuvo las grabaciones que dieron origen al procedimiento sin autorización judicial, presentando después un atestado mendaz para ocultar esta irregularidad. Al quedar sin efecto la grabación original, toda la cadena probatoria derivada de ella —incluyendo los registros, los análisis de agendas y los testimonios— quedó también anulada, lo que imposibilitó cualquier condena. El Tribunal Supremo confirmó la absolución en junio de 2018 mediante la STS 311/2018, condenando en costas a la Fiscalía de Madrid y al propio Ayuntamiento de Madrid que habían recurrido la sentencia absolutoria.