Ministerio de Asuntos Internos y
Externos del Enriquecimiento Personal
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Gran Alacant - PP

Iniciado: Enero de 2005
Santa Pola, Alicante, Comunidad Valenciana

Descripción del caso

El caso Gran Alacant es un escándalo de corrupción municipal en Santa Pola (Alicante) que afectó al Ayuntamiento durante los mandatos del alcalde del PP Miguel Zaragoza (2003-2015). El núcleo del caso es la concesión irregular de un edificio municipal en la urbanización de Gran Alacant a la empresa privada Clínica Gran Alacant SL, que operó durante una década sin pagar renta, suministros de agua y electricidad ni el canon anual acordado por contrato. A cambio, la clínica contrató a familiares y afines al PP local, incluyendo a la hermana del propio alcalde, Pilar Zaragoza, como empleada del centro.

La trama fue descubierta tras el acceso al gobierno municipal de la alcaldesa socialista Yolanda Seva en 2015, que detectó los impagos y la presencia de personal municipal trabajando en la clínica privada. El nuevo equipo de gobierno presentó una denuncia ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que instruyó la investigación. El Juzgado de Instrucción número 2 de Elche abrió diligencias en 2016, investigando a varias personas por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios. La deuda acumulada por la clínica con el consistorio ascendía a 109.371 euros en concepto de renta y suministros impagados.

Tras casi siete años de instrucción, el juicio oral se celebró en febrero de 2024 ante la sección undécima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche. En mayo de 2025, el tribunal dictó sentencia condenando al exalcalde Miguel Zaragoza y al exconcejal de Personal Jorge Perelló a seis años y medio de prisión por prevaricación, fraude y cohecho. También fueron condenados los dos médicos gestores de la clínica y la hermana del alcalde. El caso evidenció cómo el PP local utilizó recursos públicos municipales para beneficiar a una red de afines partidistas.

Resumen

Estado judicial
Desconocido
Coste
109.371 €

Implicados

Miguel Zaragoza
Exalcalde de Santa Pola (PP, 2003-2015)
Jorge Perelló
Exconcejal de Personal del Ayuntamiento de Santa Pola (PP)
Pilar Zaragoza
Hermana del exalcalde y empleada de la clínica
Fernando Gómez Soler
Médico, gestor de la Clínica Gran Alacant SL
Manuel Rodríguez Bernal
Médico, gestor de la Clínica Gran Alacant SL
Loreto Cascales
Exconcejal del PP y exdiputada nacional
Francisco Martín
Exconcejal de Deportes del Ayuntamiento de Santa Pola (PP)
Antonio Jesús Martínez
Empleado de la clínica

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Cronología

Enero de 2005
Apertura de la Clínica Gran Alacant en edificio municipal
La empresa Clínica Gran Alacant SL comienza a operar como clínica privada en un edificio de titularidad municipal en la urbanización de Gran Alacant, perteneciente al término municipal de Santa Pola. El centro debía gestionar las bajas laborales del personal del Ayuntamiento, pero también prestaba servicios privados. Desde el inicio, la empresa dejó de pagar el canon anual y los gastos de suministros acordados en el contrato.
Junio de 2015
Cambio de gobierno municipal y descubrimiento de las irregularidades
La alcaldesa socialista Yolanda Seva accede al gobierno municipal de Santa Pola y descubre que la Clínica Gran Alacant no pagaba el canon anual de 10.900 euros ni los suministros de agua y electricidad. Además, detecta que varios empleados municipales prestaban sus servicios en la clínica privada en lugar de en el Ayuntamiento. El nuevo gobierno decide tomar medidas y retirar al personal municipal del centro.
Enero de 2016
Denuncia ante la UDEF por las irregularidades
El Ayuntamiento de Santa Pola, bajo el gobierno socialista, presenta una denuncia ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. La denuncia forma parte de una serie de quejas presentadas en 2016 sobre presuntas irregularidades del ejecutivo anterior liderado por Miguel Zaragoza. La UDEF inicia la recogida de pruebas que documentan el esquema de favores mutuos entre la clínica y los cargos del PP local.
Diciembre de 2016
El Juzgado de Instrucción número 2 de Elche abre diligencias
El Juzgado de Instrucción número 2 de Elche abre diligencias e investiga a varias personas por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. El juzgado recibe el atestado de la UDEF con las pruebas recopiladas sobre la gestión irregular de la clínica municipal durante los años 2003 a 2015.
Junio de 2017
El exalcalde Zaragoza declara ante la jueza
El exalcalde Miguel Zaragoza declara ante la jueza instructora y desliza que podría haber habido posibles errores de gestión en el manejo de la concesión de la clínica, sin reconocer conducta delictiva. La causa se amplía para incluir a la exdiputada nacional del PP Loreto Cascales, concejal delegada del área de Gran Alacant durante parte del período investigado.
Enero de 2018
La jueza mantiene investigada a la diputada Loreto Cascales
La jueza instructora del Juzgado de Instrucción número 2 de Elche mantiene la condición de investigada a Loreto Cascales, diputada nacional del PP, rechazando su petición de quedar eximida de la causa. Dado que Cascales tiene aforamiento como diputada, la causa debe elevarse al Tribunal Supremo para la parte que le afecta, lo que complica y alarga el procedimiento.
Octubre de 2023
La Audiencia fija fecha de juicio oral tras casi siete años de instrucción
La Audiencia Provincial de Alicante fija fecha para el juicio oral del caso de la Clínica Gran Alacant, que se celebrará a partir del 12 de febrero de 2024. Son ocho los acusados que se sentarán en el banquillo por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios. La causa ha tardado casi siete años en llegar a juicio oral desde la apertura de diligencias.
Febrero de 2024
Inicio del juicio oral en la Audiencia de Alicante, sede Elche
Arranca el juicio oral del caso de la Clínica Gran Alacant en la sede de Elche de la Audiencia Provincial de Alicante. Los ocho acusados comparecen ante la sección undécima del tribunal. Entre los acusados figuran el exalcalde Miguel Zaragoza, el exconcejal Jorge Perelló, la hermana del alcalde Pilar Zaragoza, los dos médicos gestores de la clínica y otros tres acusados. Las sesiones se prolongan durante varios días, con declaraciones de acusados y testigos.
Febrero de 2024
Zaragoza niega en el juicio haber favorecido a la clínica a cambio de contratar afines al PP
Durante las sesiones del juicio oral, el exalcalde Miguel Zaragoza niega haber hecho la vista gorda con la Clínica de Gran Alacant a cambio de que esta empleara a familiares y afines al PP. La Fiscalía Anticorrupción mantiene que los hechos probados demuestran que la empresa disfrutó durante años de instalaciones municipales gratuitas a cambio de contratar a personas vinculadas al partido en el gobierno.
Mayo de 2025
Sentencia: exalcalde y exconcejal condenados a seis años y medio de prisión
La sección undécima de la Audiencia Provincial de Alicante condena al exalcalde Miguel Zaragoza y al exconcejal Jorge Perelló a seis años y medio de prisión por delitos continuados de prevaricación en concurso con fraude (dos años) y cohecho (cuatro años y medio). Los dos médicos gestores de la clínica, Fernando Gómez Soler y Manuel Rodríguez Bernal, reciben la misma pena como cooperadores necesarios. La hermana del alcalde, Pilar Zaragoza, es condenada a dos años y tres meses como cómplice de cohecho. Loreto Cascales y otros dos acusados son absueltos. Todos los condenados deben indemnizar solidariamente al Ayuntamiento de Santa Pola con 109.371 euros (descontados los 13.022 ya abonados). La empresa Clínica Gran Alacant SL recibe una sanción de cuatro años de inhabilitación para contratar con el sector público y recibir subvenciones.
Mayo de 2025
La oposicion exige la dimision de la alcaldesa del PP tras la sentencia
Tras conocerse la sentencia, los partidos de la oposicion en Santa Pola (PSPV y Mes Santa Pola) exigen la dimision de la alcaldesa en ejercicio Loreto Serrano (PP), a quien acusan de no haber defendido los intereses del consistorio durante el proceso judicial. El Ayuntamiento habia desistido de ejercer la acusacion popular, dejando a la Fiscalia Anticorrupcion como unico acusador publico. La sentencia genera un intenso debate politico sobre la responsabilidad del PP local en la falta de recuperacion de los fondos publicos.