Caso Góndola - PP
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Descripción del caso
El caso Góndola fue una investigación por corrupción urbanística, fraude electoral y tráfico de influencias en el municipio de Mogán, Gran Canaria, que comenzó en 2006 tras las denuncias sobre irregularidades en convenios urbanísticos y gestión municipal durante el gobierno del Partido Popular. La trama involucraba al alcalde Francisco González y la concejala Onalia Bueno, quienes presuntamente favorecieron al empresario Santiago Santana Cazorla en proyectos urbanísticos irregulares, incluyendo la construcción de una depuradora ilegal en Taurito en suelo rústico. Las escuchas telefónicas revelaron que González presionaba al Cabildo de Gran Canaria, a través del consejero José Jiménez (PP), para regularizar la depuradora de Santana Cazorla, mientras este ayudaba al alcalde con la instalación de un supermercado Spar en Anfi.
Paralelamente, la investigación destapó un esquema de fraude electoral orquestado por Onalia Bueno, considerada por la Policía como la "cerebro" de una organización dedicada al empadronamiento masivo e irregular de personas para inflar el censo electoral a favor del PP, así como presunta compra directa de votos. Entre los hechos investigados figuraban pagos irregulares de eventos políticos por empresas privadas, como el mitin de Mariano Rajoy en 2005 pagado por la inmobiliaria Grupo Europa por 16.000 euros, además de conciertos de Miguel Ríos (30.000 euros) y Bebe (22.000 euros). El caso también reveló gestiones irregulares como quitar multas de tráfico a personas cercanas al poder municipal.
La investigación se caracterizó por una extrema lentitud, pasando por once jueces diferentes en siete años, lo que provocó que los delitos estuvieran en riesgo de prescripción. Finalmente, el 15 de junio de 2023, una jueza sustituta dictó el archivo definitivo de la principal pieza del caso, argumentando que aunque había "comportamientos poco éticos", estos no constituían delitos penales. La jueza consideró que no se acreditó el tráfico de influencias porque las acciones fueron "meras solicitudes de información o gestiones amparadas en su adecuación social", que el planeamiento permitía la construcción de la desaladora como "autorizable" en suelo rústico, y que no se probó prevaricación al no haber "resolución injusta y arbitraria en consenso con los investigados". Tras 17 años de investigación, el caso quedó archivado sin condenas, pese a la gran cantidad de pruebas recopiladas incluyendo escuchas telefónicas comprometedoras.
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