Gürtel/Caja B PP Valencia - PP

El caso Gürtel/Caja B PP Valencia es la pieza del macrocaso Gürtel que investigó la financiación ilegal del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) entre 2003 y 2008. La trama giró en torno a la empresa Orange Market SL, filial valenciana del entramado criminal de Francisco Correa, dirigida por Álvaro Pérez Alonso, conocido como "El Bigotes". Orange Market fue contratada por el PPCV para organizar sus actos de campaña en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008, pero el pago de sus servicios —que ascendió a más de 3,4 millones de euros— se realizó de manera encubierta a través de empresarios afines que recibían a cambio adjudicaciones públicas de la Generalitat Valenciana.

El esquema funcionaba así: los responsables del PPCV contactaban con empresarios beneficiarios de contratos públicos del Gobierno valenciano de Francisco Camps para que pagasen directamente a Orange Market los servicios electorales. A cambio, las empresas recibían facturas falsas por servicios que en realidad no se habían prestado, lo que les permitía deducir esos pagos. Nueve empresarios confesaron haber financiado ilegalmente al PP con más de 1,2 millones de euros bajo este sistema. El secretario general del PPCV, Ricardo Costa, fue señalado como el principal artífice del mecanismo dentro del partido.

La investigación comenzó en febrero de 2009, cuando el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó las primeras detenciones de la trama Gürtel y los registros en las sedes del PP en Madrid y Valencia. El caso valenciano se desglosó en varias piezas separadas —Fitur, visita del Papa, financiación ilegal— y fue juzgado en 2018 por el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional. La sentencia de junio de 2018 condenó a 18 de los 20 acusados y constituyó la primera vez en la historia de España en que una sentencia firme acreditó la financiación ilegal de un partido político.

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, que gobernó la comunidad entre 2003 y 2011, fue investigado durante más de 15 años en múltiples piezas de la Gürtel valenciana, pero fue absuelto en todas ellas. Ricardo Costa, quien colaboró activamente con la justicia, vio sustituida su pena de cuatro años de prisión por una multa de 192.000 euros y 365 horas de trabajos comunitarios.