Caso Funeraria Madrid - PP

El Caso Funeraria de Madrid tiene su origen en la privatización irregular de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid (EMSFM) el 22 de diciembre de 1992, cuando el Ayuntamiento gobernado por el PP bajo el alcalde José María Álvarez del Manzano vendió el 49% de las acciones de la empresa pública a la compañía privada Funespaña por el precio simbólico de 100 pesetas (0,60 euros). Para justificar la operación, se encargó un informe de 332 páginas a José Ignacio Rodrigo que declaraba la empresa en quiebra técnica, cuando en realidad era rentable: solo meses después de la privatización, cerró el primer ejercicio con beneficios de 800 millones de pesetas.

La clave de la operación fue el papel de José Ignacio Rodrigo, asesor municipal del PP, quien elaboró el informe que sirvió de base para la privatización y acabó convirtiéndose en presidente y principal accionista de Funespaña. Según la Fiscalía Anticorrupción, el acuerdo entre Rodrigo y los hermanos Juan Antonio y Ángel Valdivia Gerada consistió en que Rodrigo aportaría los fondos e influiría sobre los concejales del PP para que la adjudicación recayera en Funespaña, a cambio de una participación oculta en el capital social de la empresa.

En 1998, el Tribunal de Cuentas detectó irregularidades en la adjudicación y la gestión de la privatización, señalando la falta de informes que justificasen la fórmula elegida. En 1999, la Fiscalía Anticorrupción presentó querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra 14 personas, incluyendo al primer teniente de alcalde Luis María Huete, y a los concejales Simón Viñals y Antonio Moreno. En 2003, el TSJM anuló los pliegos de adjudicación a raíz de una denuncia del PSOE.

La Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia el 27 de octubre de 2009, condenando a Luis María Huete por prevaricación a dos años y un día de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, reducida por dilaciones indebidas del proceso. José Ignacio Rodrigo fue condenado como cómplice de prevaricación y autor de un delito de tráfico de influencias, con una multa de más de 3,7 millones de euros. El Tribunal Supremo ratificó estas condenas en sentencia de 19 de mayo de 2015. Entre 1993 y 2014, Funespaña obtuvo 63,8 millones de euros entre dividendos y bonificaciones sobre beneficios, frente a los 7,4 millones que habría debido pagar según el interventor municipal.