Flotador/Aigües Sagunt - PP

La Operación Flotador destapó en 2016 una trama de presuntas irregularidades en la gestión del agua potable en el Ayuntamiento de Sagunto (Valencia), durante las legislaturas en las que fue alcalde el entonces diputado del PP en Les Corts, Alfredo Castelló. La investigación, impulsada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, se centró en el proceso de adjudicación a Aguas de Valencia del contrato de gestión integral del ciclo del agua, que dio lugar en 2009 a la creación de la empresa de economía mixta Aigües de Sagunt SA, con el Ayuntamiento como titular del 51% y Aguas de Valencia del 49%.

Según la UDEF, el perjuicio económico estimado para las arcas municipales podría ascender a 24 millones de euros, cantidad correspondiente a la valoración económica de la concesión del agua que nunca llegó a ingresar en las cuentas del consistorio. En lugar del canon pactado, el municipio recibió un préstamo participativo de aproximadamente 12,5 millones de euros de Aguas de Valencia que fue invertido en otros fines, mientras que los 12,5 millones restantes fueron objeto de una condonación de deuda. La investigación también afectó al fraccionamiento de contratos en diversas áreas municipales durante las legislaturas 2007-2011 y 2011-2014 para eludir la Ley de Contratos del Sector Público, con gastos irregulares cifrados en más de 875.000 euros solo en 2012. El caso involucró a 12 personas físicas (concejales y exconcejales) y 6 personas jurídicas.

A pesar de que la jueza instructora del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Sagunto reconoció expresamente la existencia de "indicios de criminalidad" por presuntos delitos de prevaricación administrativa, calificando el proceso de adjudicación como "plagado de precipitación, desarrollado con vulneración de la normativa y politización de la mesa de contratación", el caso fue archivado el 10 de febrero de 2020. El motivo del archivo fue la ausencia de parte acusadora: la Fiscalía había solicitado el sobreseimiento provisional y no se presentó acusación popular. Los pagos del canon derivados de la empresa mixta representaban aproximadamente el 39% de la factura trimestral del agua de los vecinos de Sagunto.