Caso Fitonovo - PP

El Caso Fitonovo, también conocido como Operación Madeja y posteriormente Operación Enredadera, destapó una compleja trama de corrupción orquestada por la empresa sevillana Fitonovo SL, especializada en servicios medioambientales y mantenimiento de parques y jardines. Durante casi dos décadas (1995-2013), los directivos de esta compañía crearon una sofisticada infraestructura tanto operativa como contable destinada a obtener contratos públicos de forma irregular mediante el pago sistemático de comisiones a funcionarios y cargos políticos de múltiples administraciones. La investigación, iniciada en julio de 2013 por la juez Mercedes Alaya del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla y posteriormente asumida por el juez José de la Mata de la Audiencia Nacional, reveló que Fitonovo distribuyó al menos 2,3 millones de euros en sobornos para conseguir adjudicaciones valoradas en más de 4,3 millones de euros en instituciones públicas de Andalucía, Canarias, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid, afectando especialmente a ADIF, el Ministerio de Fomento y los ayuntamientos de Sevilla, Algeciras y La Carolina.

La trama operaba mediante un sistema de contabilidad paralela que utilizaba facturas falsas para inflar presupuestos y generar el efectivo necesario para pagar las comisiones, que se entregaban directamente en metálico, llegando en ocasiones a descubrirse bolsas con 85.000 euros en cajas de zapatos. Los empresarios Rafael González Palomo, fundador de Fitonovo, y su hijo José Antonio González Baró coordinaban una red que asesoraba a funcionarios corruptos sobre cómo manipular los pliegos de contratación y las especificaciones técnicas para garantizar que solo Fitonovo pudiera ganar las licitaciones. La Operación Madeja se desencadenó tras detectarse un enriquecimiento patrimonial injustificado de Domingo Enrique Castaño, funcionario del Ayuntamiento de Sevilla, vinculado a adjudicaciones irregulares a Fitonovo. En noviembre de 2014, la Guardia Civil ejecutó la Operación Enredadera con 32 detenciones simultáneas en trece provincias españolas, incluyendo registros en la Diputación de Sevilla y múltiples ayuntamientos.

Aunque el caso afectó principalmente a políticos y funcionarios del PSOE e IU, también salpicó al Partido Popular: Joaquín Peña, exdirector del área de Medio Ambiente, Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla durante el mandato del PP, fue uno de los implicados más destacados, aunque finalmente fue absuelto en la sentencia de enero de 2023. El proceso judicial se dividió en cinco piezas separadas para agilizar los juicios. En marzo de 2022, la Audiencia Nacional dictó las primeras condenas firmes: Rafael González Palomo fue condenado a 34 meses de prisión y José Antonio González Baró a 36 meses, reducidas drásticamente de los 19,5 años inicialmente solicitados por la Fiscalía gracias a conformidades. En enero de 2023, la sentencia de la pieza de Sevilla y Algeciras condenó a 10 de 17 acusados con penas de entre 2 y 9 meses de cárcel por cohecho, mientras absolvió expresamente al PP, al PSOE y a IU-Los Verdes como partícipes lucrativos. Numerosos delitos prescribieron por el tiempo transcurrido, debilitando el alcance final de las condenas.