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Caso Fernández de la Cueva - PP

Iniciado: Enero de 2013
Corral de Almaguer, Toledo, Castilla-La Mancha

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Descripción del caso

El Caso Fernández de la Cueva es un caso de prevaricación administrativa que investiga la retirada irregular de multas de tráfico por parte de la alcaldesa de Corral de Almaguer (Toledo), Juliana Fernández de la Cueva Lominchar, quien también ejerció como senadora del Partido Popular. Los hechos investigados se remontan a 2013, cuando la alcaldesa, junto con su teniente de alcalde Vicente González Ramírez, retiró de forma irregular cuatro sanciones de tráfico impuestas por la Policía Local a personas de su entorno familiar, amigos o con afinidad política, evitando que perdieran puntos del carnet de conducir.

Las infracciones anuladas incluían dos multas por conducir bajo los efectos del alcohol con tasas superiores a las permitidas, una por no utilizar el cinturón de seguridad y otra por conducción temeraria a alta velocidad con peligro de colisión contra una vivienda. Según el Ministerio Fiscal, tanto la alcaldesa como el teniente de alcalde maniobrarón para favorecer a los sancionados "en clara contravención de lo legalmente establecido", siendo Vicente González Ramírez quien propuso a la alcaldesa aprobar las alegaciones presentadas en los cuatro expedientes sancionadores.

El caso fue inicialmente investigado por el Tribunal Supremo debido al aforamiento de Fernández de la Cueva como senadora. Sin embargo, en febrero de 2016, tras renunciar a su escaño en el Senado, el Supremo se declaró incompetente y remitió la causa al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Quintanar de la Orden (Toledo). Posteriormente, el caso pasó a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo. El juicio estaba previsto para enero de 2020, cuatro años después de abrirse la causa en los juzgados ordinarios, pero fue suspendido tras la petición de la defensa de practicar pruebas adicionales. La Fiscalía solicitó para ambos acusados una pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación administrativa.

Resumen

Estado judicial
Desconocido
Coste

Implicados

Juliana Fernández de la Cueva Lominchar
Alcaldesa de Corral de Almaguer (PP) y exsenadora del PP
Vicente González Ramírez
Teniente de alcalde de Corral de Almaguer (PP)

Documentos relevantes

No hay documentos disponibles

Cronología

Enero de 2013
Retirada irregular de multas de tráfico
Juliana Fernández de la Cueva, alcaldesa de Corral de Almaguer y senadora del PP, junto con el teniente de alcalde Vicente González Ramírez, retiran irregularmente cuatro sanciones de tráfico impuestas por la Policía Local. Las infracciones anuladas incluyen dos multas por conducir bajo los efectos del alcohol, una por no usar cinturón de seguridad y otra por conducción temeraria. Según la acusación posterior, estas decisiones favorecieron a personas del entorno familiar, amigos o con afinidad política de la alcaldesa, evitando que perdieran puntos del carnet de conducir.
Octubre de 2015
Imputación por el Tribunal Supremo
El Ministerio Fiscal presenta querella contra Juliana Fernández de la Cueva y Vicente González Ramírez por un presunto delito de prevaricación administrativa. Debido a su condición de senadora, Fernández de la Cueva es investigada por el Tribunal Supremo bajo el aforamiento que le corresponde como parlamentaria. El magistrado José Manuel Maza asume la investigación en la Sala de lo Penal del Alto Tribunal.
Octubre de 2015
Declaración voluntaria ante el Tribunal Supremo
Juliana Fernández de la Cueva comparece de forma voluntaria ante el magistrado José Manuel Maza en el Tribunal Supremo, antes del trámite del suplicatorio ante las Cortes Generales. La alcaldesa solicita esta declaración anticipada para evitar la tramitación del suplicatorio que habría requerido autorización del Senado para su procesamiento.
Febrero de 2016
El Supremo remite la causa a Quintanar de la Orden
El Tribunal Supremo se declara incompetente para seguir investigando el caso tras la renuncia de Juliana Fernández de la Cueva a su escaño de senadora, perdiendo así su condición de aforada. La Sala de lo Penal del Alto Tribunal acuerda remitir la causa al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Quintanar de la Orden (Toledo), que pasa a asumir la competencia para investigar y juzgar los hechos.
Febrero de 2016
Asunción de competencias por el juzgado de Quintanar
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Quintanar de la Orden recibe oficialmente el procedimiento remitido por el Tribunal Supremo y comienza la instrucción del caso contra Juliana Fernández de la Cueva y Vicente González Ramírez en la jurisdicción ordinaria. El cambio de tribunal supone reiniciar parte de las diligencias procesales.
Enero de 2019
Remisión a la Audiencia Provincial de Toledo
Tras completarse la fase de instrucción en el juzgado de Quintanar de la Orden, el caso es elevado a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo para la celebración del juicio oral. La Fiscalía Provincial mantiene su acusación contra ambos imputados solicitando diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación administrativa.
Enero de 2020
Suspensión del juicio oral por petición de la defensa
El juicio contra Juliana Fernández de la Cueva y Vicente González Ramírez, previsto para celebrarse en la Audiencia Provincial de Toledo, es suspendido tras la solicitud de la defensa de practicar pruebas adicionales. Esta suspensión se produce cuatro años después de que la causa fuera remitida desde el Tribunal Supremo a los juzgados ordinarios, evidenciando la lentitud del proceso judicial.
Enero de 2020
Estado actual del caso: pendiente de nueva fecha de juicio
Tras la suspensión del juicio en enero de 2020, el caso permanece pendiente de señalamiento de nueva fecha para la celebración de la vista oral en la Audiencia Provincial de Toledo. Mientras tanto, Juliana Fernández de la Cueva continúa ejerciendo como alcaldesa de Corral de Almaguer, habiendo sido reelegida para una tercera legislatura consecutiva con mayoría absoluta. El caso lleva más de siete años abierto desde que se produjeron los hechos investigados en 2013.