Caso Fernández de la Cueva
PPAcusación contra una exalcaldesa y un exteniente de alcalde por cuatro expedientes de tráfico; desenlace judicial no verificado
- Estado judicial
- Pendiente de juicio
- Coste registrado
- Sin determinar
- Implicados
- 2
- Firmeza
- No procede
Descripción del caso
Procedimiento por presunta prevaricación administrativa contra Juliana Fernández Cueva Lominchar, exalcaldesa de Corral de Almaguer (Toledo) y exsenadora del PP, y Vicente González Ramírez, primer teniente de alcalde en la época de los hechos. La acusación sostenía que habían dejado sin efecto cuatro expedientes de tráfico de 2013 para evitar la pérdida de puntos de los conductores. El País informó de que los conductores habían pagado las sanciones con reducción: la controversia incluía la retirada de puntos, no simplemente multas impagadas. La Fiscalía solicitaba diez años de inhabilitación para cada acusado, una petición de pena que no equivale a una condena.
El juicio fue suspendido el 14 de enero de 2020 y volvió a anunciarse para el 15 de diciembre de ese año. La Vanguardia informó ese día de otra suspensión. No se ha localizado una resolución posterior que permita establecer el desenlace ni la situación procesal a 15 de octubre de 2026; tampoco se han verificado novedades judiciales de 2025 o 2026. Esta falta de información no permite afirmar que el procedimiento continúe abierto, haya terminado o exista una condena.
Desarrollo y fuentes
El procedimiento se refiere a cuatro expedientes de tráfico de 2013. Según el escrito fiscal descrito por Europa Press en diciembre de 2020, dos correspondían a alcoholemia, uno a la falta de cinturón y otro a conducción temeraria. La acusación atribuía a Vicente González Ramírez las propuestas de estimación de alegaciones y a Juliana Fernández Cueva su firma. Son imputaciones de la Fiscalía, no hechos establecidos aquí mediante una sentencia.
La noticia fiscal identifica expedientes del 29 de junio, 6 de julio y 27 de agosto de 2013, pero no permite fijar con esas fechas el día de cada resolución municipal cuestionada. Por ello, el inicio de los hechos se sitúa únicamente en 2013. Tampoco se dispone de una cuantificación judicial del perjuicio económico: los importes de las multas de tráfico no equivalen por sí solos a dinero defraudado o a responsabilidad civil. El País explicó en 2015 que los conductores habían realizado pagos con reducción y que la controversia incluía la pérdida de puntos.
El aforamiento de la entonces senadora motivó la intervención del Tribunal Supremo. Su posterior pérdida de esa condición explica el traslado a los juzgados ordinarios; las fuentes revisadas no permiten atribuirle una maniobra dilatoria. La documentación histórica del Senado identifica a la parlamentaria como Juliana Fernández Cueva Lominchar.
Las defensas cuestionaron la legalidad de la obtención de documentos y solicitaron nuevas comprobaciones. La suspensión de enero de 2020 permitió recabar una certificación municipal, sin que ello acreditase por sí mismo la nulidad de las pruebas o la inocencia o culpabilidad de los acusados. La última noticia judicial localizada informa de una nueva suspensión en diciembre de 2020. Quedan por verificar el resultado del procedimiento y cualquier resolución posterior; no se dispone de una sentencia o auto en PDF comprobado.
Cronología
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Se conoce la apertura de causa en el Tribunal Supremo
El País informa de la admisión de la querella de la Fiscalía contra la senadora y su teniente de alcalde. José Manuel Maza fue designado instructor. La fecha corresponde a la publicación, sin atribuir ese día al auto.
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Declaración ante el Tribunal Supremo
Juliana Fernández Cueva declaró ante el instructor José Manuel Maza y defendió su inocencia. La información posterior de Europa Press en Cadena SER identifica expresamente el 19 de octubre como fecha de la declaración.
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Se conoce la devolución de la causa a Quintanar de la Orden
Europa Press informa de que el Supremo ha dejado de ser competente por la pérdida de la condición de aforada de la exsenadora y remite la causa al juzgado decano de Quintanar de la Orden. Es la fecha de publicación; no se ha verificado la fecha del auto.
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Suspensión del juicio para practicar una prueba
La Audiencia Provincial de Toledo suspendió la vista para solicitar al Ayuntamiento una certificación sobre el acceso a los expedientes sancionadores, a petición de las defensas, que cuestionaban la obtención de las pruebas. La Fiscalía rechazó que se hubiera vulnerado la intimidad de los acusados.
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Se anuncia un nuevo señalamiento para el 15 de diciembre
Europa Press publica que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo prevé juzgar a ambos acusados el 15 de diciembre. La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para cada uno por presunta prevaricación administrativa continuada. El anuncio no acredita la celebración de la vista.
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Se informa de otra suspensión del juicio
La Vanguardia informa de que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo ha suspendido el juicio previsto para ese día. No se ha verificado una resolución posterior ni el desenlace del procedimiento.