Caso Esther Merino - PP
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Descripción del caso
El caso Esther Merino se originó por la desaparición de 1,69 millones de euros del presupuesto del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal durante el mandato de la exalcaldesa del PP María Esther Merino Portugal (2011-2015). El Tribunal de Cuentas inició una investigación en 2016 tras detectar irregularidades contables que representaban el 20% del presupuesto anual del municipio cántabro. Los fondos desaparecidos se dividían en una partida de 1,6 millones de euros y cinco expedientes adicionales que sumaban 90.000 euros, todos correspondientes al ejercicio fiscal de 2013.
La investigación se abrió tras una denuncia de la concejala socialista Isabel Fernández sobre gastos realizados sin fiscalización previa. Según certificaron la interventora y la tesorera municipal, "no existe ningún dato contable" sobre estas cantidades. La documentación crítica que debería respaldar estos gastos "no ha podido ser localizada", según confirmó la alcaldesa que sucedió a Merino. El municipio enfrentó la posibilidad de intervención de sus cuentas municipales si no aparecía la documentación requerida.
Esther Merino, que además de alcaldesa fue diputada autonómica y candidata al Senado por el PP, defendió que los 1,6 millones correspondían a "la previsión de gasto para ocho años del servicio de recogida de basuras" establecido mediante un convenio con el Gobierno de Cantabria, con un impacto anual de aproximadamente 200.000 euros. Según su versión, el malentendido con el Tribunal de Cuentas se debió a que el interventor anterior consideró que el Ayuntamiento no disponía de esa cantidad para un solo ejercicio fiscal, cuando en realidad se pagaría durante los ocho años de duración del convenio. Los 90.000 euros restantes los atribuyó a liquidaciones judiciales del "Programa Escaramujo" relacionado con controversias laborales.
En marzo de 2019, cuando el caso estaba bajo investigación del Tribunal Supremo por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, Esther Merino abandonó el Partido Popular para incorporarse a Ciudadanos, convirtiéndose en candidata a la alcaldía de Cabezón de la Sal en las elecciones municipales. La Fiscalía de Cantabria elevó el caso al Alto Tribunal debido a su condición de aforada como senadora. A pesar de la gravedad de las acusaciones, Ciudadanos incorporó a Merino a sus listas electorales mientras seguía siendo investigada por el Supremo, generando controversia política en Cantabria.