Escorratel - PP

El caso Escorratel tiene su origen en la adjudicación irregular de obras de mejora de la plaza del Centro Social en la pedanía de El Escorratel (Orihuela, Alicante) durante el mandato del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orihuela. Las obras, presupuestadas en 34.380 euros y ejecutadas por la empresa Ronis'2 Construcciones y Reformas, fueron inauguradas el 4 de julio de 2008 por la entonces alcaldesa Mónica Lorente sin que se hubiera completado el preceptivo expediente administrativo de contratación. El contrato con la empresa adjudicataria se firmó el 26 de julio de 2008, semanas después de que la plaza ya estuviera terminada e inaugurada, y sin que la Junta de Gobierno Local hubiera acordado previamente ningún tipo de adjudicación contractual ni formalizado el correspondiente contrato.

El caso fue denunciado por la formación ecologista Los Verdes, que alertó de que el procedimiento de contratación había sido invertido: las obras se ejecutaron, se inauguraron y solo después se formalizó el contrato. La denuncia dio lugar a la imputación de la alcaldesa Mónica Lorente y del concejal de Servicios e Infraestructuras Antonio Rodríguez Murcia en 2011, todavía durante el mandato de Lorente. Ambos fueron acusados del delito de falsedad en documento público cometida por autoridad o funcionario por imprudencia grave, al suscribir documentación oficial que certificaba una contratación que en realidad se había producido con posterioridad a la ejecución de los trabajos.

El Juzgado de lo Penal número 3 de Orihuela dictó sentencia condenatoria el 30 de noviembre de 2015, imponiendo a ambos acusados nueve meses de multa a razón de diez euros diarios y nueve meses de inhabilitación para cargo o empleo público. La Audiencia Provincial de Alicante ratificó íntegramente la condena en septiembre de 2016 al desestimar el recurso de apelación interpuesto por Lorente. El caso se enmarca en un patrón más amplio de irregularidades en el Ayuntamiento de Orihuela durante los sucesivos gobiernos del PP, municipio en el que todos los alcaldes del partido entre 1986 y 2023 han acabado siendo juzgados por corrupción, estafa u otros delitos.