Caso Erial - PP

El caso Erial es una causa judicial que afecta al expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana (PP), condenado en primera instancia por liderar una trama de corrupción que cobró comisiones ilegales durante su etapa al frente del gobierno valenciano entre 1995 y 2002. La investigación se centró en adjudicaciones irregulares de contratos públicos relacionados con las ITV (Inspecciones Técnicas de Vehículos) y plantas de tratamiento de residuos, a cambio de comisiones millonarias que fueron blanqueadas en paraísos fiscales.

La trama operó mediante el cobro de comisiones por la adjudicación irregular de contratos públicos, especialmente la privatización del servicio de ITV en la Comunitat Valenciana. Los fondos obtenidos de forma ilícita fueron ocultados en cuentas bancarias en Suiza, Luxemburgo y Panamá a través de una compleja red de sociedades pantalla en España, Panamá y Luxemburgo. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigó el movimiento de más de 10 millones de euros en paraísos fiscales vinculados a Zaplana y su entorno.

Eduardo Zaplana fue detenido en mayo de 2018 y pasó varios meses en prisión provisional antes de ser puesto en libertad bajo fianza de un millón de euros. El 15 de octubre de 2024, la Audiencia Provincial de Valencia lo condenó a 10 años y 5 meses de prisión por prevaricación, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales, con multas superiores a 25 millones de euros y 17 años de inhabilitación. Fue absuelto del delito de grupo criminal. José Luis Olivas (otro expresidente valenciano) y otros 7 acusados fueron absueltos. Zaplana permanece en libertad provisional mientras recurre la sentencia ante el Tribunal Supremo, alegando que se basó en "pruebas prefabricadas".