Trama Eólica de Castilla y León - PP

La Trama Eólica de Castilla y León es el mayor caso de corrupción conocido en esta comunidad autónoma, destapado en diciembre de 2014 tras un informe de la Agencia Tributaria elevado a la Fiscalía Anticorrupción. El caso investiga presuntas irregularidades en el proceso de tramitación administrativa de parques eólicos entre los años 2000 y 2015, durante los gobiernos del PP en la Junta de Castilla y León bajo la presidencia de Juan Vicente Herrera.

Según la acusación de la Fiscalía, desde la Consejería de Economía, presidida por el fallecido Tomás Villanueva, y especialmente desde la Viceconsejería dirigida por Rafael Delgado, se articuló un sistema para controlar las autorizaciones administrativas de los proyectos eólicos. En agosto de 2003, Delgado ordenó a los jefes de servicio territoriales de Industria que no concedieran más autorizaciones de parques eólicos, centralizando todo el poder de decisión en su figura. Este mecanismo permitió presuntamente obligar a las grandes empresas a aliarse con pequeñas compañías locales afines, exigiendo a los promotores permitir la participación de estas empresas bajo amenazas de no obtener la autorización. Se establecieron sistemas informales de priorización de expedientes conocidos como "semáforos" para favorecer o bloquear proyectos al margen de los procedimientos legales.

La trama habría generado mordidas que superan los 75 millones de euros, repartidos entre antiguos cargos de la Junta y empresarios durante más de una década. La Fiscalía Anticorrupción solicita 138 años de cárcel y más de 600 millones de euros en multas para los 14 acusados. El juicio, iniciado en septiembre de 2025 en la Audiencia Provincial de Valladolid, se prolongará hasta enero de 2026 con 50 sesiones y más de 80 testigos. El principal acusado, Rafael Delgado, enfrenta una petición de 42 años de cárcel y 239 millones de euros de multa.