Eólica Valladolid - PP

El caso Eólica Valladolid, también conocido como la trama eólica de Castilla y León, investiga un sistema de adjudicación irregular de parques eólicos que operó durante la década de 2000 bajo gobiernos autonómicos del Partido Popular. Las pesquisas apuntan a que altos cargos de la Consejería de Economía y Empleo condicionaron la concesión de licencias energéticas a que los grandes promotores (Iberdrola, Endesa, Acciona, Gamesa o Renovalia, entre otros) aceptaran socios locales designados desde la propia administración y asumieran el pago de “peajes de entrada” disfrazados de consultorías o compraventas de participaciones.

La Agencia Tributaria cifró en torno a 110 millones de euros las plusvalías obtenidas por sociedades y empresarios próximos a la cúpula autonómica gracias a estas obligaciones contractuales, que incluían la cesión forzosa de hasta el 40 % del capital de los parques a empresas instrumentales. Entre las operaciones analizadas destacan las de Alberto Esgueva Renedo —antiguo responsable de la Agencia de Desarrollo Económico— y del grupo Collosa, que cobraban comisiones millonarias a cambio de acelerar informes técnicos, modificar planeamientos municipales o desbloquear autorizaciones ambientales.

La investigación se abrió en 2014 tras un informe remitido por Hacienda a la Fiscalía Anticorrupción y ha derivado en un macroproceso con 40 personas físicas y siete sociedades procesadas por cohecho, prevaricación, malversación y blanqueo. El Juzgado de Instrucción nº 4 de Valladolid remitió en julio de 2021 a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León un auto de casi 300 folios que detalla cómo el exviceconsejero Rafael Delgado y otros altos cargos orquestaron la red. A finales de 2024 la causa sigue en fase intermedia, pendiente de la resolución de recursos y de la eventual apertura de juicio oral contra los principales responsables políticos y empresariales del escándalo.