Caso EMVS II - Venta de viviendas a fondos buitre - PP

El Caso EMVS II se centra en la venta irregular de 1.860 viviendas de protección oficial, locales comerciales y garajes públicos realizada por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) durante el mandato de Ana Botella como alcaldesa de Madrid. La operación, ejecutada en 2013, consistió en la venta de 18 promociones inmobiliarias al fondo de inversión Magic Real Estate (Blackstone) a través de su filial Fidere Vivienda por un importe de 128 millones de euros, cuando el valor contable de estos inmuebles ascendía a 159 millones de euros.

La investigación judicial reveló múltiples irregularidades en el proceso de venta. Según el informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, la operación se realizó sin fijar previamente los inmuebles a enajenar, se proporcionó información privilegiada a cuatro compañías antes del anuncio público de la operación el 3 de mayo de 2013, se vendió por debajo del precio de mercado, y se realizaron pagos a intermediarias sin justificación de servicios necesarios. El Ayuntamiento de Madrid violó las reglas más básicas de gestión pública al realizar la venta con opacidad, sin competencia de otros interesados y por debajo del valor de mercado.

El caso siguió un complejo proceso judicial en varias instancias. En enero de 2015, el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid sobreseyó inicialmente la causa. Sin embargo, en octubre de 2017, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó por primera vez la reapertura de las diligencias al considerar la eventual presencia de delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y fraude. En mayo de 2019, la Audiencia Provincial ordenó una segunda reapertura de la investigación tras estimar los recursos presentados por el PSOE de Madrid, la EMVS y la Asociación de Afectados.

Paralelamente, el Tribunal de Cuentas dictó en diciembre de 2018 una sentencia de primera instancia condenando a Ana Botella y siete miembros de su equipo de gobierno (Concepción Dancausa, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, Paz González, Dolores Navarro y Pedro Corral) junto con el exconsejero delegado de EMVS, Fermín Oslé, a devolver de forma solidaria 22,7 millones de euros por realizar la operación saltándose el procedimiento establecido. No obstante, en julio de 2019, la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas revocó esta condena inicial y absolvió a todos los implicados.

En diciembre de 2019, la Audiencia Provincial confirmó que Fermín Oslé Uranga, exconsejero delegado de EMVS, y Alfonso Benavides Grases, representante de Fidere Vivienda, se sentarían en el banquillo acusados de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude. El juicio comenzó en noviembre de 2021 en la Audiencia Provincial de Madrid. Durante el proceso, la acusación particular de los afectados y el PSOE solicitaron penas de hasta ocho años de prisión para ambos acusados. Sin embargo, el fiscal Salvador Ortolá solicitó la absolución, argumentando que no concurrían los elementos constitutivos de los delitos imputados, y el Ayuntamiento de Madrid retiró su acusación.

En febrero de 2022, la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia absolutoria para Fermín Oslé y Alfonso Benavides, declarando por unanimidad que la operación fue legal y que no existieron irregularidades constitutivas de delito penal. El tribunal archivó definitivamente la causa penal, concluyendo que, aunque pudieron existir deficiencias administrativas en el procedimiento de venta, estas no alcanzaban la entidad de delitos penales. Esta sentencia puso fin a ocho años de investigaciones y procedimientos judiciales sobre una de las operaciones urbanísticas más controvertidas del Ayuntamiento de Madrid durante el gobierno del Partido Popular.