Caso EMVS - PP
Descripción del caso
El Caso EMVS hace referencia a la venta irregular de 1.860 viviendas de protección oficial de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid al fondo de inversión Blackstone (a través de su filial Fidere Vivienda S.L.U.) durante el mandato de la alcaldesa Ana Botella (PP) en octubre de 2013. La operación incluyó también 1.797 plazas de garaje, 1.569 trasteros y otros 89 elementos por un precio de 128,5 millones de euros, cuando según el Tribunal de Cuentas su valor de mercado superaba los 151 millones, lo que supuso un perjuicio al patrimonio municipal de 25,8 millones de euros. Adicionalmente, la EMVS pagó 2,3 millones de euros en comisiones a la UTE formada por Itaca Desarrollos Urbanos SL y Promociones y Desarrollos Creaziona SL como supuestos honorarios de asesoramiento e intermediación, pese a que el Tribunal de Cuentas no encontró evidencia alguna del trabajo realizado por dichas sociedades dado que Blackstone trató directamente con la EMVS.
La venta se produjo sin estudios técnicos de valoración de mercado previos, sin pliegos de condiciones para la licitación y tras proporcionar información privilegiada a cuatro empresas (Azora-Morgan Stanley, Lone Star, Harbour Group-Álvarez & Marsal y Magic Real State-Blackstone) antes del anuncio público de la operación el 3 de mayo de 2013. La decisión de vender los 18 desarrollos se había tomado entre diciembre de 2012 y abril de 2013 sin informes técnicos que justificaran la necesidad económica de la operación, en un momento de grave crisis económica cuando miles de familias vulnerables ocupaban estas viviendas de protección oficial.
El Tribunal de Cuentas condenó en diciembre de 2018 a la exalcaldesa Ana Botella y a siete altos cargos de su equipo al pago solidario de 25,7 millones de euros por responsabilidad contable directa, al considerar que incurrieron en "negligencia grave". Sin embargo, en julio de 2019, la Sala de Enjuiciamiento revocó la condena mediante una controvertida absolución votada por los consejeros Margarita Mariscal de Gante (exministra de Justicia del PP en el gobierno de Aznar, marido de Ana Botella) y José Manuel Suárez Robledano, ambos propuestos por el PP, con el voto disidente del tercer consejero. El Tribunal Supremo confirmó la absolución definitiva en junio de 2020, archivándose el caso sin responsabilidades penales ni contables para ninguno de los implicados.
Resumen
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