Emusvil - PP

El caso Emusvil afecta a la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de La Línea de la Concepción (Cádiz), sociedad pública del Ayuntamiento de La Línea gestionada durante años por el Partido Popular. La trama gira en torno a la presunta doble venta de un local comercial perteneciente a la promoción municipal de viviendas Reina Sofía. El 6 de mayo de 2009, cuando era alcalde Juan Carlos Juárez Arriola, se firmó un primer contrato de compraventa por 267.000 euros con un empresario local, con el propósito de saldar una deuda que la también empresa municipal Somuser mantenía con él por importe de 382.000 euros. El importe no ingresó directamente en Emusvil, sino que se compensó con dicha deuda.

En octubre de 2010, ya siendo alcalde Alejandro Sánchez García, Emusvil volvió a vender el mismo local a otro comprador por un importe cercano a 186.900 euros, incumpliendo el contrato que ya existía con el primer adquirente. La Fiscalía calificó los hechos como un delito de estafa en la modalidad de doble venta, solicitando cuatro años de prisión para el exalcalde Alejandro Sánchez García. También fueron imputados la exconcejala María Cruz Atienza y el también concejal Juan Montero, ambos del PP y miembros del equipo de gobierno municipal en el momento de los hechos.

El caso adquirió relevancia nacional en 2015, cuando se conoció que Alejandro Sánchez García ocupaba un cargo como alto funcionario en el Ministerio del Interior, bajo la dirección de Jorge Fernández Díaz, a pesar de estar ya procesado por estafa. Tras las preguntas en el Congreso del diputado socialista Antonio Trevín y la presión mediática, el ministro Fernández Díaz procedió a su cese, que se publicó en el BOE el 8 de abril de 2015, 38 días después de que la Audiencia Provincial de Cádiz confirmara el procesamiento.