Desguaces La Torre

Obras, condenas y restauración

La ampliación de Desguaces La Torre dio lugar a actuaciones administrativas y penales diferentes. Europa Press recoge la acusación sobre la adquisición de parcelas entre 2009 y 2011 y obras hasta 2016 en suelo protegido, pese a denegaciones de permisos. Servimedia detalla la acusación contra Eusebio García Gómez por su inactividad como alcalde desde 2011. El escrito fiscal no debe confundirse con el fallo: su petición de tres años de prisión y la fianza de 100.000 euros no son las penas finalmente comunicadas ni un perjuicio económico liquidado.

La sentencia contenciosa 200/2021, de 14 de abril, identifica la orden municipal de demolición de 30 de octubre de 2017 y el acuerdo de reposición de 22 de febrero de 2018. Confirma la sentencia del Juzgado n.º 6 de Madrid de 22 de mayo de 2019. El fallo de instancia transcrito delimita la demolición a dos estructuras metálicas, su cimentación, solera y cerramiento de hormigón y la superficie urbanizada y viales de su entorno; excluye los nueve viales interiores y el muro perimetral de toda la finca. No equivale a una orden indiscriminada de derribar todas las instalaciones. La resolución admitía casación; no se ha documentado su resultado.

Las crónicas penales de marzo de 2022 distinguen la anterior condena del exalcalde, de quince meses de prisión y ocho años de inhabilitación, de la conformidad del empresario. elDiario.es refiere la primera a marzo de 2021 y relata que evitó el ingreso mediante el compromiso de sufragar daños. Sin el original no se fija un día de sentencia ni se afirma firmeza o cumplimiento actual. Europa Press escribe «Eugenio» en una mención retrospectiva, mientras Servimedia y Noticias para Municipios lo identifican como Eusebio; no se crea una persona adicional por esa discrepancia. No se amplían los apellidos del empresario desde iniciales o apodos.

Para Luis Miguel Rodríguez, Europa Press recoge nueve meses de prisión, multa de seis meses a doce euros diarios y seis meses de inhabilitación para promoción y construcción inmobiliaria. Describe una suspensión de prisión durante cinco años condicionada al cumplimiento voluntario de la demolición que procediera. Noticias para Municipios añade una multa de 10.800 euros para la sociedad. Faltan los originales penales para comprobar todos los extremos y la ejecución. El juicio se desarrolló en la Audiencia de Madrid según las crónicas, por lo que no se conserva la atribución al Juzgado de lo Penal n.º 3 de Valdemoro.

El acuerdo contemplaba informe urbanístico tras el primer año de ejecutoria: si era desfavorable, demolición; si permitía legalización, un segundo año máximo para comprobar las licencias. No se convierte ese calendario condicional en una fecha de derribo ni se presume regularización al haber transcurrido el plazo. Tampoco se equipara el alcance de este acuerdo penal al del fallo contencioso sin cotejar la ejecutoria.

El Español, el 9 de mayo de 2023, informó de la salida del concurso iniciado en 2018. Esa situación mercantil y las cifras de deuda tributaria históricas no prueban perjuicio de la prevaricación ni una condena fiscal en esta causa; se retira el coste de 21,4 millones de euros. No se han verificado hasta el 17 de octubre de 2026 los autos de firmeza, las liquidaciones de penas, el cumplimiento de las condiciones o la legalización y demolición finalmente ejecutadas.