Desguaces La Torre - PP

El caso Desguaces La Torre afecta al mayor desguace de España, ubicado en Torrejón de la Calzada (Madrid), propiedad de Luis Miguel Rodríguez García-Rivera, conocido como "El Chatarrero" o "El Rey de la Chatarra". Entre 2009 y 2011 el empresario adquirió 24 parcelas de suelo no urbanizable protegido por su interés agrícola y edafológico en el polígono 1 del municipio, con una superficie aproximada de 25 hectáreas, para ampliar de forma ilegal sus instalaciones. A pesar de que el Ayuntamiento le denegó en dos ocasiones los permisos de obra (en 2010 y en 2011), Rodríguez ejecutó clandestinamente entre 2011 y 2016 un cerramiento perimetral de hormigón de hasta tres metros de altura, movimientos de tierra, una nave principal y varias auxiliares, soleras de almacenamiento, viales, encauzamiento de arroyos del dominio público hidráulico y actuaciones que afectaron a la zona de policía de una línea de alta tensión, sin contar en ningún momento con autorización municipal.

La conexión política del caso reside en la actuación del entonces alcalde de Torrejón de la Calzada, Eusebio García, del Partido Popular, quien fue acusado por la Fiscalía de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid de haber retrasado deliberadamente la incoación de expedientes sancionadores para beneficiar la expansión ilegal de Desguaces La Torre. Desde que la Guardia Civil (SEPRONA) denunció las obras en 2011, el alcalde no adoptó medida alguna durante cinco años pese a sucesivos informes técnicos municipales y de otras administraciones que alertaban de las infracciones. En 2017, ya bajo presión judicial, el Ayuntamiento ordenó el derribo de las construcciones ilegales. Paralelamente, la Agencia Tributaria intervino la empresa en febrero de 2017 por una deuda con Hacienda de 8 millones de euros, que llegó a superar los 21 millones en 2019, como resultado de una operación nacional contra el fraude fiscal en desguaces por ocultación de ventas de recambios. En julio de 2018 la empresa entró en concurso de acreedores con deudas totales de 44 millones de euros.

En febrero de 2022 la Fiscalía solicitó 45 meses de prisión para el empresario y tres años para el exalcalde. En el juicio oral celebrado el 25 de febrero de 2022 ante el Juzgado de lo Penal número 3 de Valdemoro, Luis Miguel Rodríguez llegó a un acuerdo con la Fiscalía y fue condenado a 9 meses de prisión, con la condena suspendida durante cinco años, y a demoler las obras ilegales si no se regularizaban en dos años. Eusebio García fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a 15 meses de prisión y 8 años de inhabilitación por prevaricación urbanística omisiva. La empresa salió del concurso de acreedores en mayo de 2023.