Caso Depuradora de Húmera - PP

El "caso de la depuradora de Húmera" se refiere a la investigación abierta por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Pozuelo de Alarcón a raíz de la denuncia de un vecino (registrada en abril de 2017) por los malos olores y los vertidos de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del barrio de Húmera, en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Las diligencias se incoaron en junio de 2017, fecha conocida solo por mes y año, sin que conste el día exacto. Según la prensa, la EDAR, dimensionada inicialmente para un barrio de medio centenar de viviendas, quedó muy infradimensionada y debía depurar las aguas de decenas de miles de usuarios (Público, 2018, indica unas 36.000 personas). Las fuentes discrepan sobre su origen: El Confidencial y Público la datan en 1997, mientras Público la describe también como creada en los años setenta; ambas coinciden en que fue reformada en 2006, bajo el mandato del entonces alcalde Jesús Sepúlveda, sin el informe preceptivo de impacto ambiental de la Comunidad de Madrid ni la autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), que según El Confidencial impuso al Ayuntamiento al menos seis sanciones (unos 30.000 euros) desde abril de 2015. Jesús Sepúlveda no figura entre los investigados en esta causa y no consta que este asunto se derive del caso Gürtel.

La Guardia Civil (Seprona) investigó los vertidos y, a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid (29 de enero de 2018), el juzgado citó como investigados a cargos públicos del PP con responsabilidades de gestión desde 2005. En febrero de 2018 declararon ante la Guardia Civil (en Tres Cantos) y en septiembre de 2018 ante la jueza. La prensa cifra en diez los investigados (Diario de Pozuelo; El Correo de Pozuelo habla de once personas, incluido un técnico), entre ellos la alcaldesa Susana Pérez Quislant y Mariano Pérez-Hickman, que había accedido al Congreso la semana anterior. Su declaración, prevista para el 19 de septiembre de 2018, quedó suspendida al adquirir la condición de aforado, pero según elDiario.es/Europa Press finalmente compareció ese día pese a ser aforado. El 7 de junio de 2018 el Juzgado nº 1 había admitido la personación de Somos Pozuelo como acusación popular (figura distinta de la acusación particular), según la prensa del 18 de junio de 2018.

A finales de febrero de 2019 el fiscal pidió el sobreseimiento. El 14 de marzo de 2019 la jueza Carolina González dictó un auto de sobreseimiento parcial y provisional por "falta de autor conocido", levantando la imputación a los diez investigados; el auto sostiene que los problemas de depuración no aparecieron realmente hasta septiembre de 2016 y por causas que serían ajenas a la EDAR (vertidos industriales o ganaderos ilícitos). La instrucción continuó contra autores desconocidos. En junio de 2019 la jueza denegó a Yolanda Estrada el sobreseimiento libre que había solicitado, recordando que el sobreseimiento es parcial y que el procedimiento podría reabrirse si aparecen nuevos indicios. En septiembre de 2019 el Juzgado desestimó el recurso de la Asociación de Afectados por la Depuradora de Pozuelo (ADEPO) y la prensa local indicó que contra esa resolución "ya no cabe recurso alguno", sin que se haya localizado el auto original para comprobar su firmeza; su naturaleza es provisional y no de archivo definitivo. No consta sentencia según las fuentes.

La resolución conocida es un sobreseimiento parcial y provisional, reabrible. La prensa local señala que contra la resolución del recurso no cabía otro recurso; no se ha localizado el auto original para comprobar su firmeza y alcance. No consta la fecha del auto que resolvió el recurso de ADEPO: solo se conoce por la noticia de prensa (3 de septiembre de 2019), por lo que no se fija una fecha de cierre. La prensa de 2018 discrepa sobre el destino del arroyo Antequina (Manzanares o Guadarrama); un informe local de 2026 lo describe como el único arroyo de Madrid capital que desemboca en el Manzanares, pero no se ha confirmado con cartografía oficial municipal. No se han localizado resoluciones judiciales posteriores a 2019, lo que no permite asegurar cuál es el estado actual de la causa. En febrero de 2021 los ayuntamientos de Pozuelo y Madrid firmaron un convenio para derivar las aguas a la ERAR Viveros de la Villa y suprimir la depuradora de Húmera; sin embargo, la Junta de Gobierno Local acordó el 26 de noviembre de 2025 prorrogar el contrato de explotación de la EDAR y el 23 de diciembre de 2025 aprobó el proyecto de la nueva EBAR de Húmera (5.643.747,97 euros, IVA incluido), sin que esos acuerdos acrediten por sí solos el estado físico de la instalación. Una carta de un vecino publicada el 10 de febrero de 2026 alude a una "decisión judicial de cerrar el caso provisionalmente", pero se trata solo de un testimonio particular, no de una resolución. Persisten, por tanto, comprobaciones pendientes.