Caso Depuradora de Húmera - PP
Descripción del caso
El Caso Depuradora de Húmera investiga la gestión irregular de la Estación de Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del barrio de Húmera en Pozuelo de Alarcón (Madrid), que durante casi dos décadas habría estado vertiendo aguas fecales sin el tratamiento adecuado al arroyo Antequina, que desemboca en el río Guadarrama tras cruzar la Casa de Campo. La denuncia de los vecinos del barrio puso en evidencia que la instalación, construida en 1997 para dar servicio a medio centenar de viviendas, estaba colmatada y obligada a depurar aguas de 30.000 habitantes, lo que provocaba malos olores constantes y vertidos contaminantes al entorno natural protegido.
La investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil determinó que la rehabilitación realizada en 2006 bajo el mandato del entonces alcalde Jesús Sepúlveda (uno de los principales investigados del caso Gürtel) no contó con el informe preceptivo de impacto ambiental de la Comunidad de Madrid ni con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT). El Juzgado de Instrucción nº 1 de Pozuelo citó en calidad de investigados a diez cargos municipales del PP, entre ellos la alcaldesa Susana Pérez Quislant y Mariano Pérez-Hickman, quien acababa de tomar posesión como diputado en el Congreso en sustitución de Soraya Sáenz de Santamaría, adquiriendo así la condición de aforado y evitando declarar ante el juzgado ordinario.
Tras las declaraciones de septiembre de 2018, el fiscal solicitó el sobreseimiento de la causa en febrero de 2019, y la jueza acordó en marzo de 2019 el sobreseimiento parcial y provisional por "falta de autor conocido", argumentando que los problemas de depuración no aparecieron hasta septiembre de 2016 por causas ajenas a la EDAR (vertidos industriales ilícitos). Un recurso de apelación presentado por la Asociación de Afectados fue desestimado en septiembre de 2019. El caso evidencia cómo las responsabilidades políticas por la gestión deficiente de infraestructuras públicas durante décadas quedaron diluidas judicialmente, pese al impacto ambiental documentado por organismos oficiales.
Resumen
Implicados
Desliza hacia abajo para ver más