Depuradora Borriol - PP

El caso de la depuradora de Borriol se refiere a la tramitación por la Diputación Provincial de Castellón y el Ayuntamiento de Borriol (Castellón) de la expropiación de terrenos para construir una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) que afectaba a una parcela (2.706 m²) vinculada a la familia de Francisco Martínez Capdevila, entonces vicepresidente primero de la Diputación y alcalde de Vall d'Alba, cargos ambos del PP. Según los hechos declarados probados por la Audiencia Provincial de Castellón, esa parcela fue comprada en mayo de 2008 por la hija de Martínez, que en diciembre de 2011 la aportó a la mercantil familiar Franvaltur S.L. en una ampliación de capital. El Ayuntamiento preveía indemnizarla con unos 51.000 euros (18,85 euros por metro cuadrado para 2.706 m²), frente a los 3.000 euros del precio declarado de compraventa de 2008. La indemnización no llegó a pagarse: tras conocerse la vinculación en enero de 2014 la parcela quedó excluida del proyecto y, según los hechos probados de la sentencia de 2016, la depuradora no había llegado a construirse en esos terrenos.

La Audiencia Provincial de Castellón, en sentencia nº 85/2016 de 15 de abril de 2016, condenó a Francisco Martínez Capdevila a 8 meses de prisión, 12.600 euros de multa y 2 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público como autor de un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios (art. 439 del Código Penal), por intervenir en la tramitación del proyecto sin abstenerse pese a su interés patrimonial familiar. El tribunal absolvió a los otros cinco acusados —sus hijos Andrea y Francisco Martínez Tena, el exalcalde de Borriol Adelino Santamaría Blasco, el empresario Raúl Babiloni y el empleado de este Luis García del Campillo— y descartó la prevaricación, el tráfico de influencias y el fraude ilegal. La resolución declaró expresamente no acreditados el concierto entre los acusados, el conocimiento por parte del alcalde de la vinculación de la parcela ni el carácter desproporcionado del precio. El Tribunal Supremo, en sentencia 111/2017 de 22 de febrero de 2017 (ROJ STS 565/2017; ECLI:ES:TS:2017:565), desestimó los recursos de Martínez y de la Fiscalía y confirmó íntegramente el fallo. La fecha de la resolución del Supremo no consta acreditada documentalmente como fecha formal de firmeza ni de cierre de la ejecución de la pena. No se ha verificado si los ocho meses de prisión fueron suspendidos o ejecutados.

Políticamente, el caso se hizo público en enero de 2014. El presidente de la Diputación, Javier Moliner, destituyó a Martínez como vicepresidente y le retiró las competencias en infraestructuras; Martínez renunció a su acta de diputado provincial y a sus cargos en el PP en septiembre de 2014. Adelino Santamaría renunció a su acta de diputado provincial en febrero de 2014 y días después dejó también la alcaldía de Borriol tras quince años, siendo sustituido por Iván Pauner.