Depuradora Borriol - PP

El Caso Depuradora Borriol es un escándalo de corrupción política que afectó al Ayuntamiento de Borriol y a la Diputación Provincial de Castellón. Francisco Martínez Capdevila, vicepresidente primero de la Diputación y responsable de Obras Públicas, utilizó su posición institucional para incluir un terreno de su propiedad —gestionado a través de la empresa familiar Franvaltur S.L.— entre las fincas afectadas por la expropiación necesaria para construir una planta depuradora de aguas residuales en el municipio de Borriol. El terreno, valorado en apenas 3.000 euros, habría sido indemnizado por el Ayuntamiento a un precio de 51.000 euros si la operación hubiera prosperado.

La trama operó entre 2007 y 2014. Martínez Capdevila, exalcalde de Vall d'Alba durante veinte años y hombre de confianza del expresidente de la Diputación Carlos Fabra, acordó con el entonces alcalde de Borriol, Adelino Santamaría Blasco, la aprobación del proyecto que afectaba a una parcela de 2.706 metros cuadrados propiedad de Franvaltur, sociedad creada en 2009 con capital de 6.000 euros por Martínez y sus dos hijos. En octubre de 2013, cuando la oposición comenzó a sospechar, el político otorgó poderes notariales para evitar que su nombre apareciese en los documentos de la operación. El caso salió a la luz en enero de 2014 gracias a la investigación de un concejal de Compromís que descubrió la vinculación entre la empresa beneficiaria de la expropiación y el vicepresidente de la Diputación, lo que llevó a Compromís a entregar toda la documentación a la Fiscalía de Castellón.

La Audiencia Provincial de Castellón celebró el juicio oral en febrero de 2016 y condenó exclusivamente a Francisco Martínez Capdevila a ocho meses de prisión, una multa de 12.600 euros y dos años de inhabilitación especial para cargo público, por un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios. El tribunal absolvió a los otros cinco acusados: sus hijos Andrea y Francisco Martínez Tena, el exalcalde Adelino Santamaría Blasco, el empresario Raúl Babiloni y el técnico de la Diputación Luis García del Campillo. El Tribunal Supremo, mediante sentencia STS 111/2017 de 22 de febrero de 2017, rechazó los recursos tanto de Martínez como de la Fiscalía y confirmó íntegramente el fallo de la Audiencia Provincial. El escándalo precipitó la dimisión de Santamaría como diputado provincial y, más tarde, su abandono de la alcaldía de Borriol tras quince años en el cargo.