De Santos - PP

El caso De Santos tiene como protagonista a Javier Rodrigo de Santos López, teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por el PP entre 2003 y 2007, y director de campaña electoral de Jaume Matas en 2003. En marzo de 2008, una investigación periodística reveló que había utilizado una tarjeta Visa Platino del consistorio para sufragar más de 52.000 euros en gastos personales, principalmente en clubes de alterne masculinos y cocaína en Mallorca, durante el período en que ostentaba el cargo. De Santos había construido su imagen pública sobre dos pilares: su combatividad contra la corrupción y sus profundas convicciones religiosas, llegando a negarse a celebrar matrimonios entre parejas del mismo sexo cuando el gobierno Zapatero aprobó su legalización.

Apenas un mes después de estallar el escándalo de malversación, De Santos fue detenido acusado de abusos sexuales a menores. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares le condenó en octubre de 2009 a 13 años y 6 meses de prisión por abusos continuados sobre tres hermanos, dos de ellos menores de edad. El Tribunal Supremo rebajó posteriormente esta pena a 5 años. Por la malversación de fondos públicos, fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 5 de Palma a 2 años de prisión y 4 años de inhabilitación absoluta. Adicionalmente, en 2015 testificó en la causa del Hospital Son Espases, revelando que el PP balear bajo la presidencia de Jaume Matas exigía comisiones del 3% en cada contrato público adjudicado.

El caso no terminó con las primeras condenas. Tras cumplir parte de su condena, De Santos comenzó a trabajar como educador en la Fundación del Padre Garralda en Madrid, una ONG próxima al PP que atendía a reclusos en libertad condicional del centro penitenciario de Soto del Real. Aprovechando su posición de autoridad, abusó sexualmente de un preso marroquí en situación de vulnerabilidad. La Audiencia Provincial de Madrid le condenó a 2 años de prisión por estos nuevos abusos, sentencia que el Tribunal Supremo confirmó el 14 de enero de 2025. Este caso se convirtió en símbolo de la doble moral de determinados dirigentes del PP y de la impunidad con que algunos reincidentes podían obtener puestos de confianza en entidades afines al partido.