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de los Espías - PP

Iniciado: Marzo de 2008
Madrid, Comunidad de Madrid

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Descripción del caso

El caso de los Espías, también conocido como la 'Gestapillo', es uno de los escándalos más llamativos de la política madrileña. Entre marzo y mayo de 2008, desde la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid, funcionarios vinculados a la facción de Esperanza Aguirre organizaron seguimientos y vigilancias a cargos del propio Partido Popular que formaban parte del entorno político rival: el vicealcalde de Madrid Manuel Cobo, el vicepresidente regional y consejero de Justicia Alfredo Prada, y la entonces vicepresidenta de la Asamblea Cristina Cifuentes. Todos ellos pertenecían al círculo de Alberto Ruiz-Gallardón, principal adversario interno de Aguirre en la lucha por el liderazgo del PP tras la derrota electoral de Mariano Rajoy en las elecciones generales de 2008. También fueron vigilados el diputado regional Rodríguez Flores y otras personas del entorno gallardista.

La operación habría sido orquestada desde la cúspide de la consejería dirigida por Francisco Granados, con Sergio Gamón Serrano, director general de Seguridad, y su número dos, Miguel Castaño Grande, como coordinadores de un grupo de guardias civiles y policías nacionales que realizaron labores de inteligencia al margen de sus funciones. Los acusados emplearon datos de localización de teléfonos móviles e informes de seguimiento mecanografiados para rastrear los movimientos de los espiados. Declaraciones de los agentes implicados apuntaron al vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, como quien ordenó los seguimientos por su "especial interés". La investigación quedó archivada y reabierta en tres ocasiones a lo largo de más de una década, bajo las Diligencias Previas 1891/2009 instruidas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Madrid. Durante el juicio oral de 2019, el excomisario Jaime Barrado desveló lo que él mismo denominó la "Operación Boñiga": una presunta trama entre el exfiscal anticorrupción Manuel Moix y el entonces jefe de la UDEF, José Luis Olivera, para desviar la acusación desde los políticos responsables hacia los agentes subalternos.

El proceso judicial fue extraordinariamente dilatado: el caso se archivó y se reabrió en tres ocasiones distintas durante más de una década. En 2019 la causa llegó finalmente a juicio oral ante un tribunal del jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 23ª). La fiscal del caso pidió la absolución al considerar que los hechos no estaban suficientemente probados; el PSOE como acusación popular solicitó entre dos y cuatro años de prisión para los acusados, y la Comunidad de Madrid ejerció también la acusación al reconocer el espionaje con fondos públicos. Por cinco votos contra cuatro, el jurado declaró no culpables a Gamón y a Castaño, y por unanimidad absolvió a los cuatro agentes subordinados. El caso cerró sin ninguna condena, dejando en el aire la pregunta de quién ordenó realmente los espionajes.

Resumen

Estado judicial
Desconocido
Coste
Sin determinar

Implicados

Sergio Gamón Serrano
Director General de Seguridad de la Comunidad de Madrid
Miguel Castaño Grande
Subdirector General de Seguridad de la Comunidad de Madrid
José Oreja Sánchez
Guardia Civil, asesor de seguridad en la Comunidad de Madrid
José Luis Caro Vinagre
Guardia Civil, asesor de seguridad en la Comunidad de Madrid
Antonio Coronado Martínez
Guardia Civil, asesor de seguridad en la Comunidad de Madrid
José Manuel Pinto
Técnico de seguridad, Comunidad de Madrid
Francisco Granados Lerena
Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid
Ignacio González González
Vicepresidente de la Comunidad de Madrid
Manuel Moix
Exfiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción
José Luis Olivera
Jefe de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal)
Jaime Barrado
Comisario de la Policía Nacional

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Documentos relevantes

Cronología

Febrero de 2008
Se planifican los seguimientos a rivales internos del PP
En febrero de 2008, pocos meses antes del congreso del PP que seguiría a la derrota de Rajoy en las elecciones generales, se habrían impartido órdenes desde la cúpula de la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid para realizar seguimientos a políticos del propio PP adversarios de Esperanza Aguirre. Las instrucciones se habrían transmitido a través de agentes de seguridad adscritos a la consejería de Francisco Granados. El operativo coincidió con los preparativos para el Congreso Nacional del PP de Valencia de junio de 2008, en el que se dirimía la sucesión de Mariano Rajoy.
eldiario.es
Marzo de 2008
Inicio de los seguimientos a Manuel Cobo, Alfredo Prada y Cristina Cifuentes
Entre marzo y mayo de 2008, guardias civiles y policías nacionales adscritos a la Comunidad de Madrid realizaron seguimientos y vigilancias al vicealcalde de Madrid Manuel Cobo, al vicepresidente regional Alfredo Prada, a la vicepresidenta de la Asamblea Cristina Cifuentes y al diputado regional Rodríguez Flores. Los tres primeros pertenecían al círculo de Ruiz-Gallardón, el principal rival interno de Aguirre. Los agentes elaboraron informes mecanografiados con anotaciones manuscritas sobre los movimientos de los espiados, y se usaron datos de localización de teléfonos móviles.
infolibre.es
wikipedia.org
Enero de 2009
El País desvela el escándalo del espionaje en la Comunidad de Madrid
El diario El País publicó en enero de 2009, por el periodista Francisco Mercado, una serie de informaciones bajo el titular 'Ex policías y ex guardias espían para un consejero de Aguirre', destapando la existencia de una estructura de vigilancia política dentro de la Comunidad de Madrid. El escándalo sacudió al PP madrileño y generó una intensa controversia sobre el uso de fondos públicos para fines de espionaje interno partidario. Ante la revelación, la propia Esperanza Aguirre declaró que había ordenado a los servicios jurídicos de la Comunidad presentar una denuncia ante el juzgado de guardia.
eldiario.es
wikipedia.org
Enero de 2009
Se abren las Diligencias Previas 1891/2009 en el Juzgado nº 5 de Madrid
Tras la publicación periodística y la denuncia de Aguirre, se abrieron las Diligencias Previas 1891/2009 en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Madrid, que instruiría el caso durante años. La investigación se centró inicialmente en el uso de medios públicos para actividades de vigilancia política al margen de las funciones de los agentes implicados.
juridicas.com
Junio de 2010
Sergio Gamón dimite como director general de Seguridad
Sergio Gamón renunció a su cargo como director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid en junio de 2010, tras la publicación en El País de declaraciones de su exesposa que lo implicaban en la trama de espionaje. Su dimisión se produjo en medio de una creciente presión mediática y judicial sobre los hechos investigados.
publico.es
Julio de 2010
Primera vez que el juzgado archiva el caso
En julio de 2010 la jueza instructora acordó el sobreseimiento provisional y archivo de las Diligencias Previas 1891/2009, al considerar que no había pruebas suficientes que demostraran el uso de fondos públicos para actividades de espionaje ajenas a las funciones públicas de los implicados. Era la primera de las tres veces que el caso sería archivado durante su larga instrucción.
juridicas.com
Febrero de 2012
Segunda decisión de archivo judicial
En febrero de 2012 el caso fue archivado por segunda vez. El juzgado consideró que no existían pruebas concretas de que los vehículos o teléfonos de funcionarios de la consejería hubieran sido utilizados en los seguimientos investigados. La causa permanecía sin avance significativo a pesar de las denuncias de los afectados y del seguimiento mediático del caso.
eldiario.es
Noviembre de 2014
La jueza decide abrir juicio oral por primera vez
La jueza instructora acordó en noviembre de 2014 la apertura de juicio oral contra los seis implicados por un delito de malversación de fondos públicos. Esta decisión supuso un hito relevante en un caso que hasta entonces había sido archivado en dos ocasiones. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid volvería a ordenar más diligencias antes de que el juicio pudiera celebrarse.
infolibre.es
Junio de 2015
La Audiencia de Madrid ordena por tercera vez reabrir el caso
La Audiencia Provincial de Madrid obligó por tercera vez a reabrir el 'caso de los espías', al considerar que existían indicios suficientes de malversación de fondos públicos por parte de altos cargos de la Comunidad de Madrid. El tribunal señaló especialmente a Sergio Gamón Serrano, Miguel Castaño Grande y José Manuel Pinto, así como a los guardias civiles José Oreja Sánchez, José Luis Caro Vinagre y Antonio Coronado Martínez. Era el tercer archivo y la tercera reapertura del mismo proceso en seis años.
infolibre.es
Abril de 2016
Una testigo no declara por miedo en el caso
Una testigo clave en el caso de los espías se negó a declarar ante el juzgado alegando miedo. El hecho generó alarma entre los abogados de los acusados y reforzó la narrativa de que el caso involucraba presiones sobre los implicados. La instrucción continuó avanzando pese a las dificultades para reunir testimonios.
libertaddigital.com
Noviembre de 2016
El Gobierno de Cifuentes reconoce el espionaje con fondos públicos y se persona como acusación
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ella misma una de las espiadas en 2008, reconoció públicamente que durante el mandato de Aguirre se había financiado con dinero público el espionaje a cargos del PP. El Gobierno regional admitió que la vigilancia fue real y se financió con fondos de la Comunidad. La Comunidad de Madrid decidió personarse como acusación en el caso, tomando una posición inusual al situarse contra los que habían sido sus propios funcionarios.
eldiario.es
elindependiente.com
Febrero de 2019
Inicio del juicio oral con tribunal del jurado: declaraciones de Aguirre y González
El juicio oral comenzó en febrero de 2019 en la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 23ª) ante un tribunal del jurado popular. Los seis acusados —Sergio Gamón, Miguel Castaño, José Oreja, José Luis Caro, Antonio Coronado y José Manuel Pinto— se enfrentaban a cargos de malversación de fondos públicos. Declararon como testigos Esperanza Aguirre, Ignacio González, Francisco Granados y Salvador Victoria. Aguirre negó haber ordenado el espionaje y afirmó que supo del caso por las informaciones publicadas en prensa. Ignacio González, a su vez, aseguró que él mismo fue víctima de espionaje en Colombia en 2008.
publico.es
elplural.com
Febrero de 2019
El excomisario Barrado desvela la 'Operación Boñiga': encubrimiento de los responsables políticos
Durante las sesiones del juicio, el excomisario de la Policía Nacional Jaime Barrado testificó que el exfiscal anticorrupción Manuel Moix y el entonces jefe de la UDEF, José Luis Olivera, habrían obstaculizado la investigación para proteger a los responsables políticos del PP. Barrado denominó esta supuesta trama de encubrimiento 'Operación Boñiga', y afirmó que le impidieron investigar 'hacia arriba' para averiguar quién dio la orden de espiar. Reveló además que era conocido policialmente que el espionaje real lo habían realizado detectives privados contratados por facciones del PP, no los guardias civiles a quienes se acusaba. Sus revelaciones llevaron a la defensa a pedir la nulidad del juicio.
infolibre.es
publico.es
publico.es
Febrero de 2019
Guardias civiles señalan a Ignacio González como quien ordenó los seguimientos
Durante las sesiones del juicio, los guardias civiles acusados José Oreja y Antonio Coronado declararon que habían recibido órdenes ilegales de vigilar a Gallardón, Cifuentes, Cobo y Prada, y que dichas órdenes respondían al 'especial interés' del entonces vicepresidente Ignacio González. Granados, por su parte, negó en el juicio que estuviera al tanto del espionaje y calificó de 'falso' todo lo que se le atribuía.
infolibre.es
publico.es
Febrero de 2019
La fiscal pide la absolución al considerar los hechos no probados
En sus conclusiones definitivas, la fiscal del caso solicitó la absolución de los seis acusados al considerar que el espionaje no había quedado suficientemente acreditado con las pruebas practicadas en el juicio. El PSOE, como acusación popular representada por el letrado Wilfredo Jurado, mantuvo su petición de condenas de hasta cuatro años de prisión para Gamón y penas menores para el resto. La Comunidad de Madrid como acusación particular pidió un veredicto de culpabilidad.
eleconomista.es
okdiario.com
Marzo de 2019
El jurado popular absuelve a los seis acusados
El tribunal del jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 23ª) declaró no culpables a los seis acusados del caso de los espías. Por cinco votos a cuatro absolvió a Sergio Gamón y a Miguel Castaño, y por unanimidad a los cuatro agentes subordinados. La sentencia afirmó que los acusados 'no organizaron ni realizaron seguimiento alguno' y que la Comunidad de Madrid 'no ha sufrido perjuicio económico alguno'. El caso se cerró sin ninguna condena después de más de diez años de proceso judicial.
infolibre.es
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cope.es
Marzo de 2019
La defensa pide que la Comunidad de Madrid y el PSOE paguen las costas del proceso
Tras la absolución, la defensa de uno de los absueltos, José Luis Caro Vinagre, presentó un escrito ante la Audiencia Provincial de Madrid solicitando que la Comunidad de Madrid y el PSOE fueran condenados al pago de las costas del proceso, por haber ejercido las acusaciones que llevaron al juicio a personas finalmente declaradas inocentes.
cope.es
Abril de 2019
Denuncia contra Manuel Moix, Barrado y Olivera por organización criminal
Tras la absolución, el guardia civil José Luis Caro Vinagre presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo contra Manuel Moix (exfiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción), el excomisario Jaime Barrado y el exjefe de la UDEF José Luis Olivera, acusándoles de pertenecer a una organización criminal, prevaricación, tráfico de influencias y falsificación de documentos por su presunto papel en el intento de obstruir la investigación del caso de los espías y de proteger a los responsables políticos del PP.
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