Caso de la Ciudad del Golf
PPProyecto urbanístico en terrenos protegidos de Las Navas del Marqués: la jurisdicción contenciosa anuló la clasificación y las dos piezas penales enjuiciadas terminaron con absoluciones (2012 y 2014), sin firmeza acreditada; el archivo de la pieza de la consejera (2008) y la desestimación de la indemnización (2017) completan la secuencia
- Estado judicial
- Resultados mixtos
- Coste registrado
- Sin determinar
- Implicados
- 9
- Firmeza
- Sin determinar
Descripción del caso
El caso de la Ciudad del Golf se refiere a un proyecto urbanístico sobre terrenos de alto valor ambiental en Las Navas del Marqués (Ávila), promovido por Residencial Aguas Nuevas S.L. (RAN). Las fuentes discrepan en las cifras del proyecto, que se recogen como aproximadas: en torno a 1.500 o 1.600 viviendas, uno o dos campos de golf y zona hotelera, sobre 210 o 215 hectáreas. Los terrenos procedían de la sociedad pública Montes de las Navas S.A. (MNSA), constituida por escritura pública de 3 de mayo de 2000 por el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués (70% del capital), la Junta de Castilla y León (20%) y la Diputación de Ávila (10%). Esa fecha es un antecedente —la constitución de la sociedad— y no el inicio de la investigación. La zona formaba parte de la Red Natura 2000, con figuras de protección para las aves (ZEPA/LIC) y área crítica para la cigüeña negra.
La vía contencioso-administrativa anuló la clasificación urbanística, no un "Plan Parcial". La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla y León (sede de Burgos) de 29 de septiembre de 2006 (recurso 535/2003) estimó parcialmente el recurso y anuló la clasificación como "suelo urbanizable delimitado" de los terrenos del Sector SUZD-4 "Ciudad del Golf", así como los actos de la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila de 30 de abril de 2003 y la Orden de la Consejería de Fomento de 23 de octubre de 2003 en cuanto a esa clasificación. El Plan Parcial, en cambio, se había aprobado definitivamente el 31 de marzo de 2004. El Tribunal Supremo (ROJ STS 1612/2010, de 25 de marzo de 2010, recurso 5635/2006; la cabecera no asigna nº de resolución) desestimó los recursos de casación del Ayuntamiento, la Junta y la promotora, confirmando la anulación; la resolución se dio a conocer el 13 de abril de 2010.
En la vía penal se distinguen varias piezas. La relativa a la entonces consejera de Medio Ambiente María Jesús Ruiz fue archivada por auto de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Castilla y León de 4 de diciembre de 2008 (ROJ ATSJ CL 327/2008; la cabecera no asigna nº de resolución), ratificado por otro de 11 de diciembre de 2008, que acordó "no haber lugar a la incoación de procedimiento criminal" contra ella (auto frente al que cabía recurso de súplica); no fue enjuiciada. Otra pieza, seguida en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Ávila (Diligencias Previas 1481/2006), fue objeto de un sobreseimiento provisional por auto de la Audiencia Provincial de Ávila de 9 de diciembre de 2010 (auto 212/2010; ROJ AAP AV 176/2010) y, en un auto distinto de 8 de septiembre de 2011 (auto 151/2011; ROJ AAP AV 99/2011), la misma Audiencia desestimó el recurso de los acusados y confirmó la transformación en procedimiento abreviado, ordenando dar copias a Ecologistas en Acción para formular acusación. La causa se dividió en cuatro piezas y las resoluciones afectan a conjuntos de imputados distintos, de modo que el archivo de 2010 y la confirmación del abreviado de 2011 no se refieren al mismo grupo. El juicio por la aprobación del planeamiento se celebró en la Audiencia Provincial de Ávila (señalamiento de la vista para el 24 de mayo de 2012, según sus antecedentes), que absolvió al alcalde, al secretario municipal y al promotor de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude (SAP Ávila 124/2012, de 6 de junio de 2012; ROJ SAP AV 236/2012). La Fiscalía anunció en agosto de 2012 su decisión de recurrir ante el Supremo la absolución del alcalde, sin que se haya localizado resolución que acredite que el recurso llegara a presentarse ni su resultado.
Paralelamente, la pieza contra cinco altos cargos y técnicos de la Consejería de Medio Ambiente (José Ángel Arranz Sanz, Mariano Torre Antón, José Ignacio Molina García, Juan Manuel Pardo Ontoria y Sabas Yagüe Bosch), seguida en Valladolid (Juzgado de Instrucción nº 3 y Juzgado de lo Penal nº 2), fue reabierta por autos de la Audiencia Provincial de Valladolid de 11 de mayo de 2011 (auto 232/2011; ROJ AAP VA 349/2011) y 16 de enero de 2012 (auto 27/2012, Sección 4ª, notificado el 18 de enero de 2012; rollo de apelación 17/2012 y Diligencias Previas 2993/2010 del Juzgado de Instrucción nº 3 de Valladolid). Este segundo auto estimó los recursos del Ministerio Fiscal y de Ecologistas en Acción y Centaurea, revocó el sobreseimiento libre acordado por auto de 15 de noviembre de 2011 y ordenó al Instructor dictar la transformación en procedimiento abreviado contra las personas que aparecían como imputadas, sin que la Audiencia acordara la transformación directamente. El juicio oral comenzó el 3 de marzo de 2014. La sentencia del Juzgado de lo Penal nº 2 de Valladolid los absolvió. Se ha recuperado una copia escaneada de la sentencia de 2 de abril de 2014 (PA332/2012), alojada por Rediuris. Su fallo absuelve de prevaricación administrativa y del delito contra la ordenación del territorio y el medio ambiente; declaraba que no era firme y admitía apelación en diez días. La lectura de esta copia se limita a la cabecera y al fallo, sin comprobar todos sus fundamentos. No se ha localizado resolución que acredite la firmeza de las sentencias penales ni un cierre definitivo del caso; tampoco consta documentada una decisión de no recurrir por razones económicas.
Con posterioridad, el Tribunal Supremo (STS 1650/2017, de 31 de octubre de 2017, recurso 315/2016; ROJ STS 3835/2017) desestimó el recurso de casación de Residencial Aguas Nuevas S.L. contra la sentencia del TSJ de Castilla y León (Valladolid) de 5 de noviembre de 2015, confirmando la denegación de su reclamación de indemnización (2.637.575,11 euros) por la anulación de la clasificación. Es la última resolución judicial documentada, pero se refiere al orden contencioso-administrativo y no constituye un cierre del procedimiento penal.
Situación documentada y límites de la revisión a 17 de octubre de 2026: el resultado penal documentado es de absolución en las dos piezas enjuiciadas (2012 y 2014), sin que se haya localizado resolución primaria que acredite su firmeza, y la pieza de la consejera fue archivada por auto de 2008. Por ello el estado se consigna como "desconocido". No consta ningún condenado. La ausencia de noticias posteriores no permite afirmar ni la continuidad de la investigación ni el cierre definitivo, ni presumir la firmeza. Las fuentes primarias disponibles son resoluciones publicadas por el CGPJ (contencioso y autos/sentencias penales) y prensa; se ha recuperado también la copia escaneada de la sentencia de 2014, con lectura visual parcial de cabecera y fallo.
Desarrollo y fuentes
Incertidumbres y límites de la documentación
- Estado: se consigna como
desconocido. Las dos piezas penales enjuiciadas terminaron con sentencias absolutorias (2012 y 2014), pero no se ha localizado resolución que acredite su firmeza ni un cierre definitivo del caso. La pieza de la consejera María Jesús Ruiz fue archivada por un auto de 4 de diciembre de 2008 (ratificado por otro de 11 de diciembre de 2008), frente al que cabía recurso de súplica. No consta ningún condenado. - Sentencia de 2014: recuperada una copia escaneada de 46 páginas, alojada por Rediuris. La cabecera fecha el fallo el 2 de abril de 2014 (PA332/2012) y la última página absuelve a cinco acusados y anuncia apelación en diez días. Se han leído visualmente esas dos páginas, sin reconstruir nombres borrados ni afirmar lectura íntegra de fundamentos.
- Firmeza: no se presume. Ni la sentencia de 2012 ni la de 2014 tienen firmeza acreditada en las fuentes consultadas. No consta documentada una decisión de no recurrir “por razones económicas”; la nota de abril de 2014 figura como referencia heredada no revalidada, por lo que no se utiliza para acreditar decisiones sobre recursos.
- Cierre: no consta un cierre definitivo del caso. La última resolución documentada es de 2017 y se refiere a una reclamación de indemnización en el orden contencioso-administrativo, no al procedimiento penal.
- Naturaleza de la resolución contenciosa de 2006: no anuló un “Plan Parcial”, sino la clasificación como suelo urbanizable delimitado del Sector SUZD-4 y los actos de 30 de abril y 23 de octubre de 2003. El Plan Parcial se aprobó en 2004.
- Nombres: las sentencias penales publicadas por el CGPJ están anonimizadas. La crónica de El País de 7 de junio de 2012 identifica al alcalde Gerardo Pérez, al secretario Carlos de Vega y al promotor Francisco Gómez como absueltos. Los documentos municipales citados en la ficha heredada aportan nombres y cargos, pero no se usan para reconstruir la correspondencia entre personas y seudónimos judiciales.
- Nº de resolución y ROJ: en varias resoluciones el “nº de resolución” de la cabecera y el ROJ son identificadores distintos. La ficha cita ambos cuando constan; cuando la cabecera no asigna número de resolución, no se inventa.
- Cifras del proyecto: las fuentes discrepan (1.500 o 1.600 viviendas; 210 o 215 hectáreas; uno o dos campos de golf); se recogen como aproximadas.
- Datos económicos: no se ha fijado un
costepúblico atribuible. Las cifras documentadas (compra de terrenos, venta a la promotora, indemnización reclamada) corresponden a operaciones y reclamaciones distintas y no se suman como si fueran equivalentes.
Qué acreditan las resoluciones y qué queda pendiente
La anulación urbanística y el resultado penal responden a preguntas distintas. La casación contenciosa de 2010 mantuvo la nulidad de la clasificación del suelo. La sentencia penal de Ávila de 2012 absolvió expresamente de prevaricación, malversación y fraude; por tanto, aquella nulidad administrativa no se presenta como una condena penal ni prueba por sí sola una actuación delictiva. La resolución contenciosa de 2017 rechazó la indemnización solicitada por la promotora, sin resolver recursos penales ni declarar su firmeza.
El archivo de la pieza de la consejera de 2008 tampoco se extiende automáticamente a quienes informaron el expediente ambiental. El auto de Valladolid de mayo de 2011 explica esa diferencia; el de enero de 2012 revoca el sobreseimiento libre y ordena al instructor transformar las diligencias. Son decisiones de continuación procesal, no condenas. La absolución de los cinco cargos y técnicos está comprobada en el fallo de la copia escaneada de 2014. Sigue pendiente la comprobación de sus posibles recursos.
Fechas y magnitudes económicas
Se elimina la fecha de inicio de 3 de mayo de 2000 del campo general: corresponde a la constitución de Montes de las Navas, conservada como antecedente en la cronología, y no a la apertura de la investigación. La fecha de la sentencia de Ávila es 6 de junio de 2012; la crónica nominal consultada se publicó el día 7 y señala su notificación ese día. Publicación, notificación y fecha de resolución no se intercambian.
Se elimina también el coste de cero euros. La falta de una cuantificación global del daño público no acredita que el coste económico o ambiental fuese nulo. Los 2.637.575,11 euros de la casación de 2017 son la indemnización reclamada por la promotora y desestimada, no dinero concedido ni perjuicio público declarado. Las operaciones de compra, venta y permuta no deben sumarse a esa reclamación como un único importe de corrupción.
Alcance real del cotejo de fuentes
Se han descargado los ocho PDF iniciales: siete desde el CGPJ y una copia del auto de enero de 2012 alojada por Ecologistas en Acción, parte acusadora. La revisión raíz añade la sentencia escaneada de abril de 2014 obtenida desde Rediuris, con nueve documentos en total. Se han comprobado cabeceras, fechas, órganos, paginaciones y metadatos; se han leído parcialmente los dispositivos y pasajes finales de los siete documentos del CGPJ e íntegramente el auto de enero de 2012 (tres páginas). El fallo absolutorio de 2012 se ha inspeccionado también visualmente en su página 13. No se afirma lectura íntegra de todas las resoluciones.
El cuerpo de la noticia de El País de junio de 2012 se ha recuperado y leído. La nota de Ecologistas en Acción de abril de 2014 quedó bloqueada en esta consulta; se conserva como fuente heredada sin atribuirle una nueva lectura. Un enlace localizado a una supuesta noticia de Tribuna sobre la decisión de no recurrir devuelve una portada genérica, por lo que su título no se usa para dar por acreditada esa decisión ni la firmeza. Faltan resoluciones de recurso o diligencias de firmeza y la lectura íntegra de fundamentos de varias resoluciones; la ficha sigue incompleta.
Documentos relevantes
- Ver
ATSJ Castilla y León, auto de 4/12/2008 (ROJ ATSJ CL 327/2008; sin nº de resolución en cabecera) - Archivo de la pieza de la consejera María Jesús Ruiz
2008 · PDF · 5 páginas
- Ver
STS de 25/03/2010 (ROJ STS 1612/2010; sin nº de resolución en cabecera) - Casación contenciosa que confirma la anulación de la clasificación del Sector SUZD-4
2010 · PDF · 17 páginas
- Ver
AAP Ávila, auto 212/2010 (ROJ AAP AV 176/2010) - Sobreseimiento provisional en una de las piezas penales
2010 · PDF · 8 páginas
- Ver
AAP Valladolid, auto 232/2011 (ROJ AAP VA 349/2011) - Revoca el sobreseimiento y ordena continuar la instrucción
2011 · PDF · 3 páginas
- Ver
AAP Ávila, auto 151/2011 (ROJ AAP AV 99/2011) - Confirma la transformación a procedimiento abreviado
2011 · PDF · 8 páginas
- Ver
AAP Valladolid, auto 27/2012 (Sección 4ª; sin ROJ en el documento) - Reapertura: revoca el sobreseimiento libre de 15/11/2011 y ordena al Instructor transformar en procedimiento abreviado
2012 · PDF · 3 páginas
- Ver
SAP Ávila 124/2012 (ROJ SAP AV 236/2012) - Absolución del alcalde, el secretario y el promotor
2012 · PDF · 13 páginas
- Ver
Sentencia del Juzgado de lo Penal nº2 de Valladolid, de 2 de abril de 2014 (PA332/2012): absolución de los cinco acusados; copia escaneada anonimizada alojada por Rediuris
2014 · PDF · 46 páginas
- Ver
STS 1650/2017 (ROJ STS 3835/2017) - Desestima la reclamación de indemnización de la promotora
2017 · PDF · 10 páginas
Cronología
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Constitución de Montes de las Navas S.A. (MNSA), antecedente del caso
Antecedente: por escritura pública se constituye la sociedad pública Montes de las Navas S.A., integrada por el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués (70%), la Junta de Castilla y León (20%) y la Diputación de Ávila (10%), presidida por el alcalde. La sociedad adquirió los pinares de la Unión Resinera. No es el inicio de la investigación penal, sino la constitución de la sociedad que después vendió los terrenos a la promotora.
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La Comisión Territorial de Urbanismo reclasifica 95 hectáreas de la Cuerda de la Estación
La Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila aprueba definitivamente la modificación puntual 7ª de las Normas Subsidiarias que reclasifica como urbanizables 95 hectáreas de la Cuerda de la Estación. La documentación judicial hace constar que no consta informe del Servicio de Medio Ambiente.
- Alta relevancia
Aprobación definitiva de la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales (Sector SUZD-4 'Ciudad del Golf')
La Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila aprueba definitivamente la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Las Navas del Marqués, que declara urbanizables 115 hectáreas de pinar (Sector SUZD-4). Se publica en el BOP el 11 de julio de 2003. Esta clasificación es la que fue anulada después en vía contenciosa.
- Alta relevancia
Declaración de Impacto Ambiental favorable del Plan Parcial 'Ciudad del Golf'
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León hace pública la Declaración de Impacto Ambiental del Plan Parcial del sector 'Ciudad del Golf', favorable aunque con medidas correctoras. La pieza contra la consejera María Jesús Ruiz se refería a esta resolución.
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Aprobación definitiva del Plan Parcial 'Ciudad del Golf'
La Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila aprueba definitivamente el Plan Parcial 'Ciudad del Golf'. Se documenta junto a las actuaciones de reclasificación que después fueron anuladas.
- Alta relevancia
El TSJ de Castilla y León anula la clasificación del Sector SUZD-4 'Ciudad del Golf'
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla y León (Burgos), en el recurso 535/2003, estima parcialmente el recurso y anula la clasificación como 'suelo urbanizable delimitado' de los terrenos del Sector SUZD-4 'Ciudad del Golf', así como los actos de 30 de abril de 2003 y la Orden de 23 de octubre de 2003 en cuanto a esa clasificación. No se anuló en esta resolución un 'Plan Parcial'.
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La Fiscalía propone la imputación de la consejera María Jesús Ruiz
El escrito del Ministerio Fiscal de 17 de octubre de 2008 constituye la base de la exposición elevada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Ávila al TSJ de Castilla y León para delimitar la eventual responsabilidad de la consejera de Medio Ambiente por la DIA. No es una imputación acordada por un tribunal, sino la propuesta fiscal.
- Alta relevancia
El TSJ de Castilla y León archiva la pieza de la consejera María Jesús Ruiz
La Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Castilla y León, en auto de 4 de diciembre de 2008 (ROJ ATSJ CL 327/2008; la cabecera no asigna nº de resolución), se declara competente y acuerda 'no haber lugar a la incoación de procedimiento criminal' contra la consejera de Medio Ambiente, archivando la pieza separada. Es un auto (no una sentencia) frente al que cabía recurso de súplica. Según recoge el auto de la Audiencia Provincial de Valladolid de 11 de mayo de 2011, aquel archivo fue ratificado por otro auto de 11 de diciembre de 2008.
- Alta relevancia
El Tribunal Supremo confirma la anulación de la clasificación
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (ROJ STS 1612/2010, recurso 5635/2006; la cabecera no asigna nº de resolución) desestima los recursos de casación del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués, la Junta de Castilla y León y Residencial Aguas Nuevas S.L. contra la sentencia del TSJ de Castilla y León de 29 de septiembre de 2006, confirmando la anulación. La resolución se hizo pública el 13 de abril de 2010.
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Sobreseimiento provisional en una de las piezas penales (Audiencia Provincial de Ávila)
La Audiencia Provincial de Ávila, en auto 212/2010 de 9 de diciembre de 2010 (ROJ AAP AV 176/2010), estima los recursos de varios imputados, revoca las resoluciones del Juzgado de Instrucción nº 2 de Ávila y decreta el sobreseimiento provisional de la causa (Diligencias Previas 1481/2006) respecto a los imputados de esa pieza.
- Alta relevancia
La Audiencia Provincial de Valladolid revoca el sobreseimiento y ordena seguir la instrucción contra los técnicos
La Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Valladolid (auto 232/2011, ROJ AAP VA 349/2011, recurso 356/2011, Diligencias Previas 2993/2010 del Juzgado de Instrucción nº 3 de Valladolid) estima los recursos de Ecologistas en Acción, Centaurea y el Ministerio Fiscal, revoca el sobreseimiento libre de 21 de febrero de 2011 y ordena continuar la instrucción contra los altos cargos y técnicos, delimitando la participación de cada imputado. El auto recuerda que el archivo de la pieza de la consejera (auto de 4 de diciembre de 2008, ratificado por otro de 11 de diciembre de 2008) se refería en exclusiva a su actuación al suscribir la DIA.
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La Audiencia Provincial de Ávila confirma la transformación en procedimiento abreviado
La Audiencia Provincial de Ávila, en auto 151/2011 de 8 de septiembre de 2011 (ROJ AAP AV 99/2011), desestima el recurso de los acusados y confirma el auto de 8 de junio de 2010 que transformaba las diligencias en procedimiento abreviado, y estima el recurso de Ecologistas en Acción ordenando darle copia de las actuaciones para formular acusación. La resolución constata que la causa se dividió en cuatro piezas y afecta a un conjunto de imputados distinto del de la pieza archivada en 2010.
- Alta relevancia
La Audiencia Provincial de Valladolid revoca el sobreseimiento libre y ordena transformar en procedimiento abreviado
La Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Valladolid, en auto 27/2012 de 16 de enero de 2012 (rollo de apelación 17/2012; Diligencias Previas 2993/2010 del Juzgado de Instrucción nº 3 de Valladolid; sin ROJ en el documento), estima los recursos del Ministerio Fiscal y de la Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León y Centaurea contra el auto de 15 de noviembre de 2011 que decretaba el sobreseimiento libre, lo revoca y ordena que por el Instructor se dicte auto de transformación en procedimiento abreviado contra las personas que aparecen como imputadas; la Audiencia no transforma directamente. Notificado el 18 de enero de 2012, el auto identifica sin anonimizar a los cinco imputados (José Ángel Arranz Sanz, José Ignacio Molina García, Sabas Yagüe Bosch, Juan Manuel Pardo Ontoria y Mariano Torre Antón) y se remite al auto de la misma Sala de 11 de mayo de 2011, que ya consideró que los hechos podían ser constitutivos de un delito de prevaricación del art. 320 del Código Penal.
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Señalamiento de la vista de la pieza del alcalde, secretario y promotor
El antecedente primero de la sentencia de 6 de junio de 2012 recoge el señalamiento de la vista para el 24 de mayo. Se documenta esa fecha prevista, sin confundirla con la fecha del fallo ni afirmar una celebración el día anterior.
- Alta relevancia
La Audiencia Provincial de Ávila absuelve al alcalde, al secretario y al promotor
La Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Ávila (sentencia 124/2012, ROJ SAP AV 236/2012, procedimiento abreviado 60/2010 del Juzgado de Instrucción nº 2 de Ávila) absuelve a los tres acusados de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude. La sentencia reconoce que la clasificación fue anulada en vía contenciosa, pero no aprecia arbitrariedad delictiva. La resolución anonimiza los nombres.
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La Fiscalía anuncia que recurrirá ante el Supremo la absolución del alcalde
CyLTV informa de que la Fiscalía ha decidido recurrir ante el Supremo la absolución del alcalde dictada en junio. Es el anuncio de un recurso: la noticia no acredita que llegara a presentarse ni su resultado, y no se ha localizado resolución al respecto.
- Alta relevancia
Comienza el juicio oral contra los cinco altos cargos y técnicos de Medio Ambiente
El juicio oral contra los cinco altos cargos y técnicos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se celebra ante el Juzgado de lo Penal nº 2 de Valladolid, con una duración prevista de cinco días. La Fiscalía y la acusación sostenían que sustituyeron informes para hacer posible la DIA favorable; los acusados defendieron la legalidad de sus informes. Se enfrentaban a ocho años de inhabilitación.
- Alta relevancia
Sentencia absolutoria de los cinco cargos y técnicos de Medio Ambiente
La copia escaneada de la sentencia del Juzgado de lo Penal nº2 de Valladolid, PA332/2012, está fechada el 2 de abril. El fallo absuelve de prevaricación administrativa y del delito contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, con costas de oficio. Advierte que no es firme y que cabe apelación ante la Audiencia Provincial en diez días. No se ha obtenido la resolución de un eventual recurso.
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El TSJ de Castilla y León desestima la reclamación de indemnización de la promotora
La Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla y León (Valladolid), en el recurso 169/2013, desestima la reclamación de indemnización de Residencial Aguas Nuevas S.L. (2.637.575,11 euros) por los daños derivados de la anulación de la clasificación.
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El Tribunal Supremo confirma la desestimación de la indemnización
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (STS 1650/2017, ROJ STS 3835/2017, recurso 315/2016) desestima el recurso de casación de Residencial Aguas Nuevas S.L. y confirma la sentencia del TSJ de Castilla y León de 5 de noviembre de 2015, denegando la indemnización. Es la última resolución judicial documentada de la secuencia.