de la Ciudad del Golf - PP

El caso de la Ciudad del Golf es un proceso judicial derivado de un proyecto urbanístico promovido en Las Navas del Marqués (Ávila) sobre terrenos protegidos como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y hábitat crítico de la cigüeña negra. El plan contemplaba la construcción de 1.600 viviendas de lujo, varios hoteles y dos campos de golf en 210 hectáreas de pinar en la sierra abulense. El proyecto fue impulsado por la empresa promotora Residencial Aguas Nuevas S.L., propiedad de Francisco Gómez "El Paloma", con el respaldo del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués (gobernado por el PP) y de la Junta de Castilla y León, que participaba como accionista mayoritario en la sociedad pública Montes de las Navas S.A. creada para financiar la operación.

En septiembre de 2006, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declaró ilegal el proyecto al anular el Plan Parcial aprobado, al haberse tramitado en suelo calificado como no urbanizable de especial protección natural. A pesar de la resolución judicial, se procedió a la tala masiva de cientos de pinos en el espacio protegido. Numerosas organizaciones ecologistas —entre ellas Ecologistas en Acción, WWF/Adena, Greenpeace, SEO/BirdLife y la asociación local Centaurea— denunciaron los hechos ante la Fiscalía de Medio Ambiente. La investigación penal se extendió durante más de siete años e imputó al alcalde y secretario de Las Navas del Marqués, al promotor, a la exconsejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León (PP) María Jesús Ruiz, y a cinco altos cargos y técnicos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente por un presunto delito de prevaricación ambiental.

El proceso judicial concluyó con la absolución de todos los acusados en dos juicios separados. En junio de 2012, la Audiencia Provincial de Ávila absolvió al alcalde, el secretario municipal y el promotor. En abril de 2014, el Juzgado de lo Penal n.º 2 de Valladolid absolvió a los cinco técnicos y altos cargos de la Consejería autonómica, al considerar que se limitaron a emitir informes sin adoptar acuerdos resolutorios y que no existió arbitrariedad sino discrepancia técnica. Las organizaciones ecologistas lamentaron la impunidad definitiva del caso, señalando que los hechos quedaron sin responsables penales a pesar del grave daño ambiental causado a un espacio de la Red Natura 2000.