Caso Cursach - PP

El caso Cursach tiene su origen en septiembre de 2013, cuando una investigación sobre el presunto amaño de exámenes de oposición de la Policía Local de Palma derivó en el destape de una trama de corrupción mucho más amplia. El juez de guardia José Castro autorizó una entrada y registro en las dependencias policiales que abrió la caja de Pandora: una supuesta red de favores, sobornos y presiones organizada en torno al empresario del ocio nocturno Bartolomé "Tolo" Cursach, propietario del mayor grupo de discotecas de Baleares con locales como Tito's o BCM. Mandos de la Policía Local de Palma y de Calvià habrían cobrado pagos en efectivo, regalos y fiestas privadas con prostitución y drogas a cambio de proteger los establecimientos del Grupo Cursach y hostigar a la competencia.

La instrucción, dirigida por el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán desde el Juzgado de Instrucción nº 12 de Palma, se extendió durante años y acumuló investigaciones por cohecho, extorsión, pertenencia a organización criminal, fraude fiscal, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. En febrero de 2017, la Guardia Civil detuvo a Cursach, a su director general Bartolomé Sbert y al director de relaciones institucionales Antoni Bergas —también inspector de la Policía Local— en la denominada Operación Sancus. El juez decretó prisión provisional para Cursach y Sbert. Entre los investigados figuraban asimismo el exdelegado del Gobierno en Baleares y exconcejal del PP José María Rodríguez y el exteniente de alcalde de Palma Álvaro Gijón (PP), a quienes testigos protegidos señalaban como asiduos a fiestas con alcohol, sexo y cocaína pagadas por Cursach. Informes periciales cifraron la presunta caja B del grupo en entre 4 y 5 millones de euros mensuales en dinero negro, con un fraude fiscal estimado superior a los 51 millones de euros.

El macrojuicio arrancó en enero de 2021 ante la Audiencia Provincial de Baleares con 24 acusados. Sin embargo, en noviembre de 2022 la Fiscalía Anticorrupción, en un giro radical, retiró todos los cargos argumentando falta de prueba suficiente, lo que desembocó en la absolución de todos los procesados. El caso dio entonces un vuelco definitivo: en noviembre de 2023 el Tribunal Superior de Justicia de Baleares condenó al propio juez Penalva y al fiscal Subirán a 9 años y 1 día de prisión por obstrucción a la justicia y coacciones, junto a tres agentes de Policía Nacional del grupo de Blanqueo. A principios de 2026 el asunto permanece ante el Tribunal Supremo, que debe resolver los recursos de Penalva y Subirán, mientras nuevas investigaciones por prevaricación y coacciones a testigos continúan abiertas en los juzgados de Palma.