Cooperación/Piezas 2 y 3

Las piezas 2 y 3 del caso Cooperación juzgaron las subvenciones de la Generalitat Valenciana a proyectos de cooperación de 2009–2011 y la oficina técnica y el proyecto de hospital en Haití. Son distintas de la primera pieza, relativa a la Fundación Cyes y Nicaragua. La sentencia declaró que el conseller Rafael Blasco favoreció ayudas a entidades vinculadas a Augusto César Tauroni sabiendo que desviaba fondos, sin acreditar que Blasco recibiera dinero a cambio. Tauroni utilizó la Fundación Entre Pueblos, después Hemisferio, pequeñas ONGD y sociedades instrumentales; Marc Llinares facilitó proyectos y cobró por sus favores.

La Audiencia Provincial de Valencia, Sección Quinta, dictó la sentencia 154/2020 el 24 de abril. Su fallo, reproducido por el Supremo, contiene 21 pronunciamientos condenatorios y dos absoluciones; algunas crónicas iniciales contaron 22 condenados de 24 acusados. Impuso inicialmente un año de prisión a Blasco, dos años y multas por 40.000 euros a Tauroni, dos años y nueve meses y multa de 10.000 euros a Llinares, y un año y seis meses a Josep Maria Felip. Blasco, Llinares y Tauroni fueron absueltos de asociación ilícita, organización y grupo criminal. Luis Fernando Castel y María Dolores Escandell resultaron absueltos. La aclaración de septiembre de 2020 corrigió, entre otros extremos, una pena de tres a dos años: las cifras iniciales de prensa no sustituyen al fallo aclarado.

La STS 948/2022, de 13 de diciembre, estimó parcialmente los recursos de Blasco, Llinares y la Coordinadora Valenciana de ONGD; desestimó los otros recursos defensivos y el de la Generalitat. Reconoció la confesión tardía de Blasco y Llinares sin reducir por ello las penas y ordenó fijar en ejecución las penas definitivas de Blasco y Tauroni, compensando las de la primera pieza. El Supremo indicó que contra su resolución no cabía recurso. Según Europa Press, en junio de 2024 Blasco había reingresado semanas antes, en tercer grado, para cumplir un año y medio fijado en ejecución en febrero de ese año. No se conoce aquí el día del ingreso ni su situación penitenciaria posterior.

La responsabilidad civil no quedó íntegramente cuantificada: el fallo estableció cantidades individuales ya consignadas para varios condenados y dejó otras para ejecución. Los 5.667.930,54 euros abonados en 21 proyectos son volumen de subvenciones, no una indemnización global firme. Tampoco se suman a las multas, a las reclamaciones de la Generalitat, al comiso de bienes o a las liquidaciones contables. La concreción debe evitar cobrar dos veces por los mismos bienes y perjuicios.

Según elDiario.es, los autos de 8 de octubre y 26 de noviembre de 2025 no fijaron la responsabilidad civil de cuatro empresarios y rechazaron las impugnaciones iniciales. Aunque la noticia de diciembre presentó el segundo auto como irrecurrible, el 3 de septiembre de 2026 el mismo medio informó de que el Supremo había estimado las quejas de Fiscalía y Generalitat y ordenado tener preparados y tramitar sus recursos de casación. Es una decisión de acceso al recurso, no una resolución sobre el importe ni una nueva condena. La noticia también informa del desembargo y recuperación del yate de Tauroni; no acredita la devolución a Tauroni de los fondos de los apartamentos de Miami. La recuperación pública de 878.735,85 euros comunicada por el TSJCV el 10 de marzo de 2026 corresponde a la ejecutoria de la pieza 1: no se suma ni se imputa a la responsabilidad civil de estas piezas. Faltan los originales de estos autos, el resultado posterior de la casación civil, las liquidaciones contables y la ejecución individual completa. Por ello la revisión sigue incompleta: la firmeza del pronunciamiento penal del Supremo no significa que se hayan recuperado todos los fondos o terminado todos los procedimientos.