Contratos Marbella - PP

El caso Contratos Marbella documenta la adjudicación irregular de más de veinte contratos municipales por parte del Ayuntamiento de Marbella —gobernado por el PP bajo la alcaldesa Ángeles Muñoz ("Titi")— a la empresa Codecosol (Construcciones y Demoliciones de la Costa del Sol), sociedad fundada en febrero de 2010 por el ciudadano sueco Nils Fischer. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón concluyó en su auto de procesamiento que Fischer actuaba como testaferro de Joakim Peter Broberg, hijastro de la propia alcaldesa, quien está procesado como presunto cabecilla de una organización criminal internacional dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales vinculada a la denominada Mocro Maffia sueca. Codecosol obtuvo su primer contrato municipal en enero de 2011, apenas once meses después de su constitución, y continuó recibiendo adjudicaciones durante todo el segundo mandato de Muñoz (2011-2015). La UDEF concluyó, a partir de escuchas telefónicas, que Broberg "trataba al Ayuntamiento como si fuera propio" y operaba con notable influencia sobre asuntos urbanísticos gracias a su vínculo familiar con la alcaldesa.

La práctica totalidad de los contratos adjudicados a Codecosol eran contratos menores —por debajo de los 60.000 euros con IVA— que el Ayuntamiento podía tramitar de forma directa sin necesidad de concurso público, un mecanismo que evitaba cualquier tipo de control externo o competencia. En total se contabilizaron más de veinte contratos por un valor agregado de 1.383.945 euros, todos ellos correspondientes a obras municipales de escasa entidad como rehabilitación de pavimentos, trabajos de demolición o trabajos de mantenimiento urbano. El marido de la alcaldesa, Lars Gunnar Sune Broberg —padre de Joakim—, también quedó implicado en la investigación de la Audiencia Nacional por su presunta participación en el blanqueo de los beneficios del narcotráfico a través de empresas pantalla; falleció en marzo de 2023, antes de ser juzgado. Un policía local de Marbella, Rafael Gallego, fue imputado por cohecho al haber facilitado presuntamente información reservada de las bases de datos municipales a Broberg a cambio de dinero en efectivo. Además, el sobrino de la alcaldesa, Leonardo Felice Cultrera Muñoz, apareció como socio de Fischer en la constitución de la empresa Las Villas de Puente Romano S.L. en octubre de 2015, aunque la Fiscalía decidió no mantener la acusación contra él.

La dimensión política del caso se agravó cuando el Ayuntamiento de Marbella se negó durante meses a entregar al grupo municipal del PSOE la documentación relativa a los contratos con Codecosol, pese a haberla solicitado formalmente en noviembre de 2022. La Fiscalía interpretó esta negativa como un criterio de "oportunidad política" orientado a evitar el daño electoral antes de las elecciones municipales de mayo de 2023, llegando a solicitar que se condenase al Consistorio por desobediencia. Un juez tuvo que ordenar expresamente la entrega de los contratos. Los expedientes finalmente se aportaron en septiembre de 2023, diez meses después de la primera solicitud. En mayo de 2025 se celebró el juicio oral en la Audiencia Nacional contra Joakim Broberg y otros 23 acusados; la Fiscalía pidió 18 años de cárcel para Broberg y una multa de 30 millones de euros. A fecha de hoy el caso sigue pendiente de sentencia.