Caso de la Construcción - PP

El Caso de la Construcción de Burgos fue un escándalo de corrupción urbanística que sacudió los cimientos del Ayuntamiento de Burgos en la década de los 90. La trama giraba en torno a la relación irregular entre el alcalde José María Peña San Martín (PP) y el empresario constructor Antonio Miguel Méndez Pozo, quien obtenía licencias de construcción irregulares y recalificaciones urbanísticas favorables gracias a su influencia sobre el gobierno municipal. La sentencia judicial estableció que "no había obstáculo por importante que fuese que pudiese impedir al señor Méndez Pozo convencer" a concejales y autoridades para actuar conforme a sus intereses, contraviniendo la legalidad vigente. Este caso marcó un hito histórico al convertir a José María Peña en el primer alcalde de una capital española condenado por corrupción.

La trama operaba mediante un sistema de favores en el que Méndez Pozo conseguía licencias para construir en zonas no autorizadas y superar los límites de altura permitidos, obteniendo según peritos judiciales hasta 4.000 millones de pesetas (aproximadamente 24 millones de euros) en sobrebeneficios. El alcalde Peña y sus tenientes de alcalde aprobaban sistemáticamente los proyectos urbanísticos del constructor, ignorando los informes contrarios de los técnicos municipales. La sentencia documentó operaciones inmobiliarias con conventos de monjas, compra de terrenos a precios no declarados y posterior recalificación urbanística facilitada por el consistorio. La denuncia partió en 1988 de la Federación de Empresarios de la Construcción de Burgos y la Asociación de Promotores-Constructores, hartos de la competencia desleal.

El caso tuvo un enorme impacto político al revelar las conexiones de los condenados con la cúpula del PP. Méndez Pozo fue descrito como "amigo y asesor" del entonces joven José María Aznar, presidente de Castilla y León, cuyo ascenso político se debió en parte al apoyo del partido de Peña. Tras las condenas en 1994, el gobierno de Aznar concedió el indulto a ambos en el año 2000. Posteriormente, el extesorero Luis Bárcenas reveló ante el juez Ruz que el PP pagó desde su caja B un total de 188.000 euros a José María Peña tras su condena. A pesar de su paso por prisión, Méndez Pozo expandió notablemente su imperio empresarial, llegando a controlar 62 sociedades, 7 periódicos y el 50% de un canal de televisión autonómico.