Comfort Letter - PP
Descripción del caso
El caso Comfort Letter se originó en Valladolid durante la alcaldía de Francisco Javier León de la Riva (PP, 1995-2015) en el contexto del ambicioso y fallido proyecto de soterramiento ferroviario de la ciudad. Para financiar las obras, se creó la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003 S.A. (SVAV), participada por el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León, RENFE y el GIF. León de la Riva firmó en tres ocasiones —julio de 2008, septiembre de 2010 y febrero de 2011— unas "cartas de conformidad" (comfort letters) que comprometían al Ayuntamiento como avalista de préstamos bancarios de 200, 70 y 400 millones de euros respectivamente, sin seguir ningún procedimiento administrativo, sin autorización del pleno municipal, sin el preceptivo informe de la intervención municipal y sin el permiso de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León.
En 2015, ya con Óscar Puente (PSOE) como alcalde, el Ayuntamiento descubrió la existencia de estas cartas y en septiembre de 2016 el pleno municipal acordó separarse de la obligación de responder por los 100 millones de euros que comprometía la última carta. El alcalde Puente interpuso una denuncia penal contra León de la Riva. La juez del Juzgado de Instrucción nº 4 de Valladolid imputó formalmente en marzo de 2017 al exalcalde por tres delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental, ampliando posteriormente la imputación a dos de sus exconcejales, Alfredo Blanco y Manuel Sánchez, miembros del consejo de administración de la SVAV. La Fiscalía Anticorrupción solicitó para León de la Riva 9 años de prisión y 33 años de inhabilitación.
El juicio oral se celebró en julio de 2018 en la Audiencia Provincial de Valladolid, que absolvió a los tres acusados al apreciar únicamente una "actuación negligente y despreocupada" pero no el dolo —el engaño o intención fraudulenta deliberada— necesario para los delitos imputados. La Fiscalía recurrió la sentencia, pero el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) confirmó la absolución en noviembre de 2018, cerrando definitivamente el proceso penal. El caso puso de relieve la firma de compromisos financieros millonarios sin control democrático ni fiscalización interna, así como la enorme deuda que el proyecto de soterramiento dejó sobre la ciudad de Valladolid.