Caso Citur - PP

El caso Citur (Ciutadella Turisme) es un escándalo de corrupción municipal que afecta al Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca durante el mandato del gobierno del PP liderado por el alcalde Llorenç Brondo entre 2003 y 2007. Una comisión municipal de investigación denominada "Citur" detectó 51 irregularidades en el área de Turismo del consistorio, principalmente relacionadas con la adjudicación fraudulenta de contratos públicos que beneficiaron al empresario Javier Liy y su consultora SAB. Se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude a la Administración.

La trama operaba mediante la contratación directa y sin concurso público de la empresa SAB para la gestión del Plan de Dinamización Turística de Ciutadella. Cuando la incompatibilidad de SAB como contratista directa quedó en evidencia, las adjudicaciones se desviaron hacia dos empresas pantalla: J. Stayco, propiedad de un primo de Liy, y el ingeniero Daniel Aguiló, colaborador habitual de SAB. La administradora de J. Stayco reconoció ante la juez que nunca realizó trabajo alguno para el ayuntamiento y que se limitaba a transferir los pagos municipales directamente a SAB. En total, la fiscalía anticorrupción cifró el fraude en 522.000 euros procedentes de fondos públicos del área de Turismo. Entre las irregularidades más llamativas figura el pago municipal por dos páginas web turísticas cuando los técnicos municipales certificaron que solo existía una.

La investigación fue impulsada por la denuncia del partido localista UPCM, que asumió las conclusiones de la comisión de investigación municipal. En marzo de 2011, la Fiscalía Anticorrupción ejecutó la denominada Operación Xoriguer, que supuso la detención del exalcalde Llorenç Brondo, el exconcejal de Turismo Gabriel Cardona y el exresponsable local del PP Avel·lí Casasnovas, entre otros. En 2012, la juez instructora concluyó la fase de instrucción e imputó formalmente al gobierno municipal de Brondo por malversación de dinero público. En 2021 se decretó la apertura del juicio oral, pero diez años después del inicio de la investigación el caso aún no había llegado a juicio. En octubre de 2025, la UPCM desistió de la acusación tras más de 15 años de instrucción, quedando el ejercicio de la acusación exclusivamente en manos de la Fiscalía.