Caso Chocrón - PP

El caso Chocrón involucra a Simi Chocrón, consejera de Cultura de la Ciudad Autónoma de Melilla por el Partido Popular, acusada de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por la compra irregular de 4.000 ejemplares del libro "Melilla y su Judaísmo" entre 2009 y 2011. La adquisición supuso un gasto total de 70.000 euros de fondos públicos, repartido en sucesivos pedidos firmados por la propia consejera a lo largo de tres años. La denuncia pública la realizó el diputado socialista Dionisio Muñoz en mayo de 2012 al comprobar que, pese a los miles de ejemplares supuestamente comprados y distribuidos, ninguno aparecía en la Biblioteca Pública Municipal de Melilla hasta ese momento.

La irregularidad central del caso residía en la opacidad del destino de los libros: Chocrón afirmó inicialmente haber adquirido 1.000 ejemplares por 16.000 euros, pero la documentación oficial reveló órdenes de pago por cantidades muy superiores y en varias fases (200 ejemplares por 3.800 euros en 2009, dos lotes de 900 ejemplares por 17.100 euros cada uno, y dos lotes de 1.000 ejemplares por 16.000 euros cada uno en 2011). La consejera justificó el destino de los libros alegando que habían sido entregados a la Casa de Melilla en Jerusalén para su distribución entre la diáspora melillense, pero la falta de justificación documental y las contradicciones en sus declaraciones motivaron la apertura de diligencias judiciales. En marzo de 2013 fue formalmente imputada por prevaricación administrativa ante el Juzgado de Instrucción de Melilla.

El proceso judicial se prolongó durante casi cinco años sin concluir con condena alguna. El Juzgado de Instrucción acordó el sobreseimiento de la causa al considerar que, aunque pudo existir algún error en la tramitación administrativa, los hechos no constituían delito penal. La Audiencia Provincial de Málaga, Sección Séptima con sede permanente en Melilla, confirmó el archivo definitivo rechazando los recursos interpuestos por el PSOE y la Fiscalía, al no apreciar prevaricación administrativa punible. El caso se cerró definitivamente en enero de 2018 sin condena y sin posibilidad de recurso ordinario.