Caso Centeno - PP

El caso Centeno agrupa dos tramas de corrupción protagonizadas por Alfonso Centeno Trigos, vicepresidente de la Diputación de Valladolid y procurador del PP en las Cortes de Castilla y León, que también ejerció como alcalde de Olmedo. La primera trama surgió en el contexto del caso Adif cuando la Guardia Civil descubrió correos electrónicos en los servidores de la constructora Isolux Corsán que demostraban que la empresa había financiado un viaje a Japón de ocho días para Centeno, su esposa y varios directivos de Isolux y de la empresa de jardinería Hidrosyplant en agosto de 2007, con un coste de 11.504 euros. El viaje coincidió con la tramitación de tres parques solares fotovoltaicos en Castilla y León que T-Solar, filial de Isolux Corsán, obtuvo a continuación. Los delitos investigados por el TSJCyL eran cohecho y prevaricación, aunque el caso por el viaje a Japón quedó sin condena firme documentada.

La segunda trama, conocida como caso Meseta Ski, es la que concluyó con condena definitiva. Entre 2006 y 2009, Centeno, como presidente de la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid (Sodeva), impulsó la construcción de un complejo de ocio y aventura con dos pistas de esquí seco en Villavieja del Cerro (Tordesillas). El proyecto fue adjudicado a Corsan Corviam, constructora vinculada a Isolux, por 4.060.000 euros. Sin justificación técnica ni económica, el proyecto fue modificado repetidamente elevando el presupuesto hasta los 12 millones de euros, con la superficie de la pista triplicada de 3.000 a 9.000 metros cuadrados. Las licencias se obtuvieron bajo irregularidades: la instalación se construyó sobre terrenos de monte público afectados por un incendio en 1999, lo que los inhabilitaba para ese uso. La obra fue paralizada judicialmente y terminó siendo desmantelada. El Tribunal Constitucional anuló en 2014 la ley autonómica que había declarado el proyecto de interés regional.

La Audiencia Provincial de Valladolid condenó a Alfonso Centeno en septiembre de 2024 a nueve años y un mes de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación administrativa. La condena fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en octubre de 2025. Tras la sentencia de primera instancia, el PP expulsó a Centeno del grupo municipal y le exigió el acta de concejal; el propio Centeno dimitió como alcalde de Olmedo días después. El caso refleja la connivencia entre cargos públicos del PP en Castilla y León y la constructora Corsan Corviam, que figura también en la trama del viaje a Japón.