Caso Catis - PP
Descripción del caso
El caso Catis destapó en 2010 una red organizada dedicada a la expedición fraudulenta de diplomas y certificados oficiales de formación sanitaria. La trama giraba en torno al Sindicato Independiente de Trabajadores de Cádiz (SITCA), que ofrecía títulos oficiales de cursos de riesgos laborales y formación sanitaria a cambio de 80 euros y una fotocopia del DNI, sin que el alumno realizara ninguna hora de formación presencial. Los diplomas eran posteriormente avalados con el membrete de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN), organismo dependiente del Gobierno canario, y se utilizaban para acceder a empleos que requerían dichas titulaciones.
La investigación, desarrollada por la Guardia Civil en Cádiz, Badajoz y Canarias, comenzó en noviembre de 2009 tras alertas de que el sindicato gaditano comercializaba títulos oficiales. La operación culminó en diciembre de 2010 con la detención de diez personas y la imputación de otras dos. Entre los imputados figuraban tres ex altas cargos del PP en el Gobierno canario que habían ejercido como directoras de la ESSSCAN: Inmaculada Acosta Artiles, Rosa María de Haro Brito y Carmen Nieves Cáceres. Según la Guardia Civil, ambas directoras habrían firmado diplomas con el membrete oficial de la escuela recibiendo dinero del sindicato a cambio. Entre 2007 y 2009 se intervinieron más de 1,46 millones de euros en la cuenta corriente de la organización, además de cantidades adicionales cobradas en efectivo en las propias oficinas.
El componente político del caso se centró principalmente en Rosa María de Haro, que tras ser candidata número tres del PP al Congreso en 2011 accedió al Senado en noviembre de 2012, adquiriendo aforamiento ante el Tribunal Supremo. La Sala Segunda del Tribunal Supremo resolvió en enero de 2015 no asumir la investigación al no encontrar en el suplicatorio remitido por el juzgado de Cádiz indicios suficientes que justificaran su imputación, y en marzo de 2015 archivó de forma definitiva el procedimiento contra ella. La causa principal, instruida en el Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz, concluyó igualmente sin condenas a los cargos políticos del PP implicados.