Caso Castor - PP
Descripción del caso
El Proyecto Castor fue una concesión otorgada por el Gobierno del PSOE en 2008 a la empresa Escal UGS, S.L. —controlada en dos tercios por ACS, el grupo de Florentino Pérez— para construir y explotar el mayor almacén subterráneo de gas natural de España, ubicado en un antiguo yacimiento petrolífero a 22 kilómetros de la costa de Vinaròs (Castellón). El proyecto incluía una cláusula extraordinaria que obligaba al Estado a indemnizar a la concesionaria incluso en caso de negligencia o fraude. En junio de 2013 comenzó la inyección de gas de prueba y en tan solo tres meses se registraron más de 1.000 terremotos en la zona, varios de ellos de magnitud superior a 4,0 que sembraron el pánico en las localidades costeras del norte de Castellón y el sur de Tarragona. El ministro de Industria del PP, José Manuel Soria, ordenó la paralización del proyecto el 16 de septiembre de 2013.
En octubre de 2014, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó mediante un decreto-ley exprés (RDL 13/2014) el cese de la concesión y el pago de una indemnización de 1.350 millones de euros a Escal UGS, sin exigir responsabilidades por los terremotos ni abrir expediente sancionador alguno. El coste fue trasladado íntegramente a los consumidores a través de la tarifa del gas. El Tribunal Constitucional anuló ese decreto en diciembre de 2017 al considerar que el Gobierno no justificó la urgente necesidad exigida por la Constitución para legislar por esa vía, pero el Tribunal Supremo ordenó en 2020 que los bancos acreedores de Escal UGS debían ser igualmente compensados con cargo al sistema gasista. La Audiencia Nacional condenó en 2023 a Escal UGS a devolver 209,7 millones de euros cobrados en exceso, si bien la empresa se había declarado en quiebra en 2019, haciendo prácticamente imposible el cobro efectivo.
El caso generó una querella criminal presentada por el Observatorio de Deuda en la Globalización (ODG) y Xnet contra el presidente de ACS Florentino Pérez y cinco exministros —Joan Clos y Miguel Sebastián (PSOE), José Manuel Soria, Elena Espinosa y Magdalena Álvarez— por estafa, prevaricación, fraude a la administración y malversación, que la Audiencia Nacional archivó. En el proceso penal por daños medioambientales, la Audiencia Provincial de Castellón absolvió en noviembre de 2021 a los dos únicos directivos de Escal UGS procesados. En 2025, más de una década después de los terremotos, comenzó finalmente el desmantelamiento físico del almacén mediante el sellado de los trece pozos submarinos, con un coste adicional para los contribuyentes que Enagás cifra en al menos 255 millones de euros más.
Resumen
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