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Caso Castor - PP

Iniciado: Septiembre de 2013
Vinaròs, Castellón / Costa del Ebro, Tarragona

Descripción del caso

El Proyecto Castor fue una concesión otorgada por el Gobierno del PSOE en 2008 a la empresa Escal UGS, S.L. —controlada en dos tercios por ACS, el grupo de Florentino Pérez— para construir y explotar el mayor almacén subterráneo de gas natural de España, ubicado en un antiguo yacimiento petrolífero a 22 kilómetros de la costa de Vinaròs (Castellón). El proyecto incluía una cláusula extraordinaria que obligaba al Estado a indemnizar a la concesionaria incluso en caso de negligencia o fraude. En junio de 2013 comenzó la inyección de gas de prueba y en tan solo tres meses se registraron más de 1.000 terremotos en la zona, varios de ellos de magnitud superior a 4,0 que sembraron el pánico en las localidades costeras del norte de Castellón y el sur de Tarragona. El ministro de Industria del PP, José Manuel Soria, ordenó la paralización del proyecto el 16 de septiembre de 2013.

En octubre de 2014, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó mediante un decreto-ley exprés (RDL 13/2014) el cese de la concesión y el pago de una indemnización de 1.350 millones de euros a Escal UGS, sin exigir responsabilidades por los terremotos ni abrir expediente sancionador alguno. El coste fue trasladado íntegramente a los consumidores a través de la tarifa del gas. El Tribunal Constitucional anuló ese decreto en diciembre de 2017 al considerar que el Gobierno no justificó la urgente necesidad exigida por la Constitución para legislar por esa vía, pero el Tribunal Supremo ordenó en 2020 que los bancos acreedores de Escal UGS debían ser igualmente compensados con cargo al sistema gasista. La Audiencia Nacional condenó en 2023 a Escal UGS a devolver 209,7 millones de euros cobrados en exceso, si bien la empresa se había declarado en quiebra en 2019, haciendo prácticamente imposible el cobro efectivo.

El caso generó una querella criminal presentada por el Observatorio de Deuda en la Globalización (ODG) y Xnet contra el presidente de ACS Florentino Pérez y cinco exministros —Joan Clos y Miguel Sebastián (PSOE), José Manuel Soria, Elena Espinosa y Magdalena Álvarez— por estafa, prevaricación, fraude a la administración y malversación, que la Audiencia Nacional archivó. En el proceso penal por daños medioambientales, la Audiencia Provincial de Castellón absolvió en noviembre de 2021 a los dos únicos directivos de Escal UGS procesados. En 2025, más de una década después de los terremotos, comenzó finalmente el desmantelamiento físico del almacén mediante el sellado de los trece pozos submarinos, con un coste adicional para los contribuyentes que Enagás cifra en al menos 255 millones de euros más.

Resumen

Estado judicial
Desconocido
Coste
1,4 mil millones €

Implicados

Florentino Pérez Rodríguez
Presidente de ACS (Actividades de Construcción y Servicios, S.A.)
Recaredo del Potro
Expresidente de Escal UGS, S.L.
José Luis Martínez Dalmau
Exconsejero delegado de Escal UGS, S.L.
José Manuel Soria López
Ministro de Industria, Energía y Turismo (PP, 2011-2016)
Miguel Sebastián Gascón
Ministro de Industria, Turismo y Comercio (PSOE, 2008-2011)
Joan Clos i Matheu
Ministro de Industria, Turismo y Comercio (PSOE, 2004-2008)
Magdalena Álvarez Arza
Ministra de Fomento (PSOE, 2004-2009)
Elena Espinosa Mangana
Ministra de Medio Ambiente (PSOE, 2004-2008)
Ignasi Nieto Magaldi
Secretario General de Energía (Ministerio de Industria, hasta abril de 2008)

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Documentos relevantes

Cronología

Septiembre de 1996
Concesión del permiso de investigación 'Castor'
España Canadá Resources Inc. obtiene el permiso de investigación de hidrocarburos 'Castor' sobre el antiguo yacimiento petrolífero submarino frente a las costas de Vinaròs. Es el punto de partida de un proyecto que tardará casi dos décadas en resolverse.
Enero de 2004
Cesión del permiso a Escal UGS
El BOE publica la Orden del Ministerio de Industria por la que se cede el permiso de investigación 'Castor' a Escal UGS, S.L. El ministro Joan Clos impulsa la transformación del proyecto desde la exploración petrolífera hacia el almacenamiento estratégico de gas natural.
Diciembre de 2006
ACS de Florentino Pérez entra en Escal UGS
ACS adquiere un 5% de las participaciones de Escal UGS en diciembre de 2006. Un año más tarde amplía su participación hasta controlar dos tercios de la compañía, convirtiéndose en el socio mayoritario y dominante del proyecto.
Mayo de 2008
Real Decreto de concesión de explotación
El Consejo de Ministros del Gobierno de Zapatero aprueba el Real Decreto 855/2008 que otorga a Escal UGS la concesión de explotación del almacén de gas 'Castor'. El decreto incluye una cláusula sin precedentes que obliga al Estado a compensar a la concesionaria incluso en caso de fraude o negligencia, una condición que más tarde permitirá la indemnización de 1.350 millones al margen de la responsabilidad de la empresa.
Junio de 2013
Inicio de la inyección de gas de prueba
Escal UGS comienza las operaciones de prueba inyectando gas en el almacén submarino. En pocas semanas empiezan a registrarse centenares de microseísmos en la zona costera de Vinaròs, Alcanar, Amposta y otras localidades del norte de Castellón y del Delta del Ebro. Los científicos del Instituto Geográfico Nacional y del Instituto Geológico y Minero de España establecerán una correlación directa entre la inyección y los terremotos.
Septiembre de 2013
El ministro Soria ordena la paralización del proyecto
Tras acumularse más de 1.000 terremotos —con un seísmo de magnitud 4,2 el 1 de octubre que generó pánico en las localidades costeras— el ministro de Industria José Manuel Soria ordena la suspensión cautelar de las operaciones de inyección de gas. La decisión llega después de que los informes científicos confirmen la relación causal entre las operaciones y la actividad sísmica. La empresa argumenta que actuó dentro de los parámetros autorizados y no renuncia a cobrar la indemnización prevista en el contrato de concesión.
Octubre de 2014
Decreto-ley exprés: 1.350 millones de indemnización a Escal UGS
El Gobierno de Mariano Rajoy aprueba el Real Decreto-ley 13/2014 por el que se declara la hibernación del almacén Castor y se reconoce a Escal UGS una indemnización de 1.350 millones de euros. El pago se financia mediante un cargo en la tarifa del gas que abonarán todos los consumidores españoles. El decreto no abre ningún expediente sancionador ni exige responsabilidad alguna a la empresa por los terremotos provocados. El PSOE, desde la oposición, recurrirá el decreto ante el Tribunal Constitucional por considerar que no concurría la urgencia exigida para legislar por esa vía.
Enero de 2015
Querella criminal contra Florentino Pérez y cinco exministros
El Observatorio de Deuda en la Globalización (ODG) y la organización Xnet presentan una querella criminal ante la Audiencia Nacional contra el presidente de ACS Florentino Pérez y cinco exministros —Joan Clos y Miguel Sebastián (PSOE), José Manuel Soria, Elena Espinosa y Magdalena Álvarez— por los delitos de estafa, prevaricación, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos. La querella denuncia que la cláusula indemnizatoria incluida en la concesión de 2008 constituyó una trampa jurídica diseñada para beneficiar a la empresa a costa del erario público.
Diciembre de 2017
El Tribunal Constitucional anula la indemnización exprés
El Tribunal Constitucional declara nulo el Real Decreto-ley 13/2014 por el que el Gobierno del PP aprobó el pago exprés de 1.350 millones a Escal UGS. El Tribunal concluye que el Ejecutivo no justificó la urgente y extraordinaria necesidad que exige la Constitución para legislar por decreto-ley. Sin embargo, la nulidad no supone la devolución automática del dinero ya transferido, dejando abierta una compleja batalla judicial para recuperar los fondos.
Enero de 2018
La Audiencia Nacional archiva la querella penal
La jueza Carmen Lamela archiva la querella criminal presentada por ODG y Xnet contra Florentino Pérez y los exministros implicados, al considerar que los hechos no presentan indicios suficientes de delito penal perseguible. Los denunciantes recurren la decisión y elevan el asunto al Tribunal Constitucional.
Enero de 2019
Escal UGS se declara en quiebra
La sociedad Escal UGS, S.L. presenta concurso de acreedores y se declara en quiebra, lo que hace prácticamente imposible la recuperación efectiva de los fondos públicos que los tribunales puedan ordenarle devolver. ACS, su accionista mayoritario, se desentiende formalmente de las obligaciones económicas de la filial.
Octubre de 2019
El juez encausa a los directivos de Escal UGS por delito medioambiental
Un juzgado de Castellón encausa a Recaredo del Potro (expresidente) y a José Luis Martínez Dalmau (exconsejero delegado) de Escal UGS por un presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales derivado de la actividad sísmica provocada por las operaciones del almacén Castor. La acusación pública solicita seis años de prisión para cada uno de los dos directivos.
Octubre de 2020
El Tribunal Supremo ordena compensar a los bancos acreedores
El Tribunal Supremo reconoce el derecho de los bancos acreedores de Escal UGS a ser compensados con cargo al sistema gasista por el importe de los 1.350 millones, a pesar de la declaración de inconstitucionalidad del decreto-ley. El fallo consolida de facto el pago de la indemnización a través de las tarifas del gas que abonan los consumidores y cierra el círculo del rescate financiero a los socios del proyecto de Florentino Pérez.
Noviembre de 2021
La Audiencia de Castellón absuelve a los directivos de Escal UGS
La Audiencia Provincial de Castellón absuelve a Recaredo del Potro y a José Luis Martínez Dalmau del delito contra el medio ambiente, así como a la propia empresa Escal UGS. El tribunal considera que no quedó probado el elemento subjetivo del tipo penal. La sentencia deja al caso Castor sin ningún condenado en el ámbito penal y genera indignación entre las asociaciones de afectados y los municipios de la costa de Castellón y Tarragona.
Diciembre de 2021
El Supremo da vía libre al desmantelamiento del almacén
El Tribunal Supremo declara la inadmisibilidad del recurso presentado por Escal UGS contra el acuerdo gubernamental de desmantelamiento, al considerar que la empresa en concurso de acreedores carece de legitimación activa para impugnarlo. El fallo permite al Gobierno avanzar con el cierre definitivo y el desmantelamiento físico de la infraestructura, cuyo coste correrá nuevamente a cargo de Enagás y, en última instancia, de los consumidores.
Julio de 2023
La Audiencia Nacional condena a Escal UGS a devolver 210 millones
La Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional rechaza el recurso de Escal UGS contra la resolución de la CNMC y condena a la empresa a devolver 209,7 millones de euros correspondientes a liquidaciones cobradas indebidamente en los años 2014, 2016 y 2017. Sin embargo, dado que la empresa está en quiebra desde 2019, la recuperación efectiva de esos fondos públicos se considera prácticamente imposible.
Abril de 2025
Comienza el desmantelamiento físico: sellado de los 13 pozos submarinos
Una plataforma jack-up especializada llega a la costa de Tarragona y comienza el sellado y abandono definitivo de los trece pozos submarinos del almacén Castor, más de once años después de los terremotos que paralizaron el proyecto. El desmantelamiento se desarrollará en dos fases con una duración estimada de ocho meses. Enagás reclama al Estado al menos 255 millones adicionales entre gastos de conservación y desmantelamiento ya realizados, que se suman al coste total del fiasco para el erario público.