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Cártel del fuego - PP

Iniciado: Enero de 2014
Comunidad Valenciana, España

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Descripción del caso

El caso conocido como "Cártel del fuego" destapó una trama de corrupción a gran escala en la contratación pública de servicios de extinción de incendios forestales en España. La investigación reveló que un grupo de 14 empresas aeronáuticas, lideradas por el holding Avialsa de Vicente Huerta, se repartió de manera fraudulenta el mercado de contratos públicos para la extinción de incendios entre 1999 y 2018, obteniendo más de 277 millones de euros mediante la manipulación de concursos públicos en al menos siete comunidades autónomas (Valencia, Cataluña, Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León), así como en países como Portugal, Chile e Italia.

Los empresarios implicados acordaron en una reunión celebrada en 2001 en Palma del Río (Córdoba) el reparto geográfico de los contratos públicos y coordinaron la presentación de ofertas artificialmente altas o bajas para asegurar la adjudicación según lo pactado. Para garantizar el funcionamiento del cártel, sobornaron sistemáticamente a altos cargos políticos y funcionarios mediante la entrega de regalos de lujo (escopetas de caza, viajes, relojes, joyas, vehículos) y dinero en efectivo. En la Comunidad Valenciana, donde se detectaron las mayores irregularidades, el exconseller de Gobernación del PP Serafín Castellano recibió regalos valorados en 163.736 euros y amañó contratos por un total de 151,5 millones de euros entre 1999 y 2017.

El caso salió a la luz en 2014 gracias a la denuncia del exdirectivo de Avialsa Francisco Alandí, quien entregó a la Fiscalía Anticorrupción cerca de 500 documentos comprometedores. Tras años de investigación, en septiembre de 2024 comenzó el juicio en la Audiencia Nacional contra 32 acusados. En febrero de 2025, el tribunal condenó a 12 personas, incluido Serafín Castellano, a penas de entre seis meses y dos años y nueve meses de prisión por delitos de cohecho, prevaricación, malversación y falsedad documental. En una decisión histórica, la Audiencia Nacional aplicó por primera vez en España la "excusa absolutoria" del Código Penal, absolviendo a Francisco Alandí por haber denunciado la trama, sentando un precedente jurídico para la protección de denunciantes de corrupción.

Resumen

Estado judicial
Desconocido
Coste
+277 millones de euros

Implicados

Serafín Castellano
Exconseller de Gobernación de la Generalitat Valenciana (PP) y exdelegado del Gobierno en Valencia
Pedro Hidalgo
Exdirector general de Interior de la Generalitat Valenciana
Vicente Huerta Domínguez
Presidente del holding empresarial Avialsa
Miguel Ángel Tamarit Campuzano
Presidente del Grupo FAASA (Fumigación Aérea Andaluza)
Fernando Espejo Delgado
Propietario de Trabajos Aéreos Espejo
Ángel Martínez Ridao
Propietario de Trabajos Aéreos Martínez Ridao
Francisco Alandí
Exdirectivo de Avialsa

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Documentos relevantes

Cronología

Enero de 2001
Fundación del cártel en Palma del Río
En una reunión celebrada en Palma del Río (Córdoba), sede de FAASA, los empresarios Vicente Huerta (Avialsa), Miguel Tamarit (FAASA), Fernando Espejo (Trabajos Aéreos Espejo) y Ángel Martínez Ridao (Trabajos Aéreos Martínez Ridao) firman un acuerdo para repartirse geográficamente el mercado de contratos públicos de extinción de incendios forestales. El pacto establece que cada empresa respetará las zonas de influencia de las demás y coordinará la presentación de ofertas en los concursos públicos.
Enero de 2014
Denuncia de Francisco Alandí ante la Fiscalía Anticorrupción
Francisco Alandí, exdirectivo de Avialsa y colaborador cercano de Vicente Huerta, acude a la Fiscalía Anticorrupción de Valencia con un dispositivo informático que contiene cerca de 500 documentos comprometedores, incluyendo correos electrónicos, fotografías y material que prueba la operación del cártel. Su denuncia inicia formalmente la investigación judicial que destapará la trama de corrupción en la contratación de servicios de extinción de incendios.
Diciembre de 2015
Inicio de investigaciones judiciales en múltiples comunidades
El Juzgado de Instrucción de Sagunto (Valencia) inicia las primeras diligencias tras la denuncia de Alandí. En diciembre de 2015, Antonio Martínez López, responsable de la Mesa de Contratación del Plan Infoca de Andalucía, declara como imputado. En enero de 2016, el juzgado envía testimonio de las actuaciones al Tribunal de Sevilla, informando que se investigan irregularidades similares en Andalucía. La cadena de imputaciones, detenciones, registros y declaraciones judiciales comienza a extenderse.
Mayo de 2017
Detención de Serafín Castellano y otros altos cargos
La Policía Nacional detiene a Serafín Castellano, exconseller de Gobernación y exdelegado del Gobierno en Valencia, junto con el exdirector general de Interior Pedro Hidalgo y otros altos cargos de la Generalitat Valenciana. Los arrestos se producen en el marco de la operación policial contra el cártel del fuego, acusándoles de haber recibido sobornos sistemáticos (regalos de lujo, viajes de caza, dinero en efectivo) a cambio de amañar las adjudicaciones de contratos de extinción de incendios entre 1999 y 2017.
Junio de 2019
Auto de procesamiento del juez García Castellón
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón dicta auto de procesamiento contra Serafín Castellano y 31 personas más por su presunta participación en el cártel del fuego. El magistrado considera que los hechos investigados pueden constituir delitos de organización criminal, manipulación de precios en concursos públicos, cohecho, falsedad documental, malversación, prevaricación, asociación ilícita, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, tráfico de influencias y exacciones ilegales. El auto estima el fraude en más de 100 millones de euros.
Mayo de 2022
Condena a Vicente Huerta por delitos fiscales
Vicente Huerta, propietario del holding empresarial Avialsa y considerado el cerebro del cártel, es condenado en una primera sentencia parcial del caso a tres años y cinco meses de prisión por nueve delitos contra la Hacienda Pública y un delito continuado de falsedad en documento mercantil. La condena aborda específicamente las irregularidades fiscales cometidas por Avialsa para ocultar los beneficios obtenidos mediante la manipulación de contratos públicos. Huerta admite los hechos en conformidad con la Fiscalía.
Septiembre de 2024
Inicio del juicio en la Audiencia Nacional
Comienza en la Audiencia Nacional el juicio oral contra Serafín Castellano y otros 31 acusados por el caso del cártel del fuego. La Fiscalía Anticorrupción solicita inicialmente casi 22 años de prisión para Castellano por delitos de cohecho, prevaricación, malversación y falsedad documental. La Generalitat Valenciana, personada como acusación particular, reclama 15 años de cárcel. Durante las primeras sesiones, varios acusados, incluidos Castellano y Vicente Huerta, ratifican acuerdos de conformidad con el fiscal para confesar los hechos a cambio de penas reducidas.
Septiembre de 2024
Confesión de Serafín Castellano en el juicio
En la segunda jornada del juicio, Serafín Castellano admite ante el tribunal haber cometido varios delitos para amañar concursos públicos de extinción de incendios cuando era conseller de Gobernación de la Generalitat Valenciana entre 2007 y 2014. Reconoce haber recibido regalos por valor de 163.736 euros (escopetas de caza, viajes, relojes y otros objetos de lujo) del entramado empresarial liderado por Vicente Huerta a cambio de favorecer las adjudicaciones. La Fiscalía Anticorrupción reduce la petición de pena de casi 22 años a 2 años y 7 meses de prisión tras la confesión.
Noviembre de 2024
Conclusión del juicio con acuerdos de conformidad
El juicio del cártel del fuego concluye en la Audiencia Nacional tras la ratificación de acuerdos de conformidad entre la Fiscalía y doce acusados, incluidos Serafín Castellano y empresarios del sector aeronáutico. Los acusados confiesan su participación en la trama y aceptan penas reducidas de entre seis meses y dos años y siete meses de prisión. Castellano y Huerta depositan en el juzgado 904.407,28 euros para resarcir el fraude cometido. El tribunal aplica a todos los acusados la atenuante de dilaciones indebidas, dado que el caso se inició en 2014 y no se ha sentenciado hasta casi diez años después.
Febrero de 2025
Sentencia de la Audiencia Nacional con absolución histórica
La Audiencia Nacional dicta sentencia condenando a Serafín Castellano a 1 año y 9 meses de prisión por delitos continuados de cohecho, prevaricación, malversación y falsedad en documento oficial, junto con otros 11 acusados que reciben penas de entre 6 meses y 2 años y 3 meses. En una decisión pionera, el tribunal aplica por primera vez en España la 'excusa absolutoria' contemplada en el Código Penal para el delito de manipulación de precios en concursos públicos, absolviendo completamente a Francisco Alandí por haber denunciado el cártel. La sentencia establece un precedente jurídico histórico para la protección de whistleblowers en casos de corrupción.