Cártel del fuego - PP
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Descripción del caso
El caso conocido como "Cártel del fuego" destapó una trama de corrupción a gran escala en la contratación pública de servicios de extinción de incendios forestales en España. La investigación reveló que un grupo de 14 empresas aeronáuticas, lideradas por el holding Avialsa de Vicente Huerta, se repartió de manera fraudulenta el mercado de contratos públicos para la extinción de incendios entre 1999 y 2018, obteniendo más de 277 millones de euros mediante la manipulación de concursos públicos en al menos siete comunidades autónomas (Valencia, Cataluña, Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León), así como en países como Portugal, Chile e Italia.
Los empresarios implicados acordaron en una reunión celebrada en 2001 en Palma del Río (Córdoba) el reparto geográfico de los contratos públicos y coordinaron la presentación de ofertas artificialmente altas o bajas para asegurar la adjudicación según lo pactado. Para garantizar el funcionamiento del cártel, sobornaron sistemáticamente a altos cargos políticos y funcionarios mediante la entrega de regalos de lujo (escopetas de caza, viajes, relojes, joyas, vehículos) y dinero en efectivo. En la Comunidad Valenciana, donde se detectaron las mayores irregularidades, el exconseller de Gobernación del PP Serafín Castellano recibió regalos valorados en 163.736 euros y amañó contratos por un total de 151,5 millones de euros entre 1999 y 2017.
El caso salió a la luz en 2014 gracias a la denuncia del exdirectivo de Avialsa Francisco Alandí, quien entregó a la Fiscalía Anticorrupción cerca de 500 documentos comprometedores. Tras años de investigación, en septiembre de 2024 comenzó el juicio en la Audiencia Nacional contra 32 acusados. En febrero de 2025, el tribunal condenó a 12 personas, incluido Serafín Castellano, a penas de entre seis meses y dos años y nueve meses de prisión por delitos de cohecho, prevaricación, malversación y falsedad documental. En una decisión histórica, la Audiencia Nacional aplicó por primera vez en España la "excusa absolutoria" del Código Penal, absolviendo a Francisco Alandí por haber denunciado la trama, sentando un precedente jurídico para la protección de denunciantes de corrupción.
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