Caso Carlos Fabra - PP
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Descripción del caso
El Caso Carlos Fabra, también conocido como "Caso Naranjax", es un caso de corrupción política que investiga delitos de fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias cometidos por Carlos Fabra Carreras, presidente de la Diputación Provincial de Castellón entre 1995 y 2011 y líder provincial del PP. El caso se originó en diciembre de 2003 cuando el empresario Vicente Vilar denunció a Fabra por cobrarle comisiones a cambio de favorecer administrativamente a su empresa de productos fitosanitarios Naranjax.
La Agencia Tributaria se sumó en 2005 con una denuncia por fraude fiscal tras detectar que Fabra y su esposa habían ocultado ingresos de 1,9 millones de euros entre 1999 y 2003, defraudando casi 700.000 euros a Hacienda. Tras una década de instrucción judicial que pasó por nueve jueces distintos, la Audiencia Provincial de Castellón condenó en noviembre de 2013 a Carlos Fabra a cuatro años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, absolviéndole de cohecho y tráfico de influencias. El Tribunal Supremo confirmó la condena en julio de 2014, ordenando su ingreso en prisión.
Fabra ingresó en la cárcel de Aranjuez el 30 de noviembre de 2014 y obtuvo el tercer grado en abril de 2016, quedando en libertad definitiva en 2017 tras cumplir tres cuartas partes de la condena. Paralelamente, el caso se amplió en 2020 cuando la Fiscalía Anticorrupción le imputó por presuntamente ocultar su patrimonio para evitar pagar la multa de 1,4 millones de euros impuesta en la sentencia. Este caso investiga una red de sociedades instrumentales utilizadas para esconder bienes, por lo que se le pide 12 años de prisión adicionales. Además, en mayo de 2025 fue absuelto junto al expiloto Álex Debón del caso Aerocas sobre presuntos pagos de comisiones por patrocinios del Aeropuerto de Castellón. El caso Fabra ejemplifica el entramado de corrupción política y económica que operó en la Comunidad Valenciana durante décadas, siendo el Aeropuerto de Castellón uno de sus legados más costosos: 158 millones de inversión pública en una infraestructura deficitaria que ha acumulado pérdidas superiores a 150 millones de euros.