Caso Carlos Fabra - PP
Descripción del caso
El Caso Carlos Fabra, también conocido como "Caso Naranjax", es un caso de corrupción política que investiga delitos de fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias cometidos por Carlos Fabra Carreras, presidente de la Diputación Provincial de Castellón entre 1995 y 2011 y líder provincial del PP. El caso se originó en diciembre de 2003 cuando el empresario Vicente Vilar denunció a Fabra por cobrarle comisiones a cambio de favorecer administrativamente a su empresa de productos fitosanitarios Naranjax.
La Agencia Tributaria se sumó en 2005 con una denuncia por fraude fiscal tras detectar que Fabra y su esposa habían ocultado ingresos de 1,9 millones de euros entre 1999 y 2003, defraudando casi 700.000 euros a Hacienda. Durante el juicio oral celebrado en 2013, el chófer de Fabra y sus escoltas declararon que realizaban ingresos en efectivo en distintos bancos a través de "sobres cerrados" entregados por el expresidente. Tras una década de instrucción judicial que pasó por nueve jueces distintos, la Audiencia Provincial de Castellón condenó en noviembre de 2013 a Carlos Fabra a cuatro años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, absolviéndole de cohecho y tráfico de influencias. El Tribunal Supremo confirmó la condena en julio de 2014, ordenando su ingreso en prisión.
Fabra ingresó en la cárcel de Aranjuez el 30 de noviembre de 2014 y obtuvo el tercer grado en abril de 2016, quedando en libertad definitiva en 2017. Paralelamente, se abrió en 2025 un segundo juicio oral por presunta ocultación de patrimonio para eludir el pago de la multa de 1,4 millones de euros, con diez acusados entre familiares —su esposa, sus hijos Borja y Claudia, y su yerno Fernando Castro— y empresarios como Fernando Roig (presidente del Villarreal CF y del Grupo Pamesa) y Alejandro Lorca. La Fiscalía Anticorrupción solicita 12 años adicionales de prisión para Fabra por insolvencia punible, blanqueo de capitales y cohecho continuado. En mayo de 2025, Fabra fue absuelto en el caso Aerocas. El caso Fabra ejemplifica el entramado de corrupción institucional que operó en la Comunidad Valenciana durante décadas, siendo el Aeropuerto de Castellón uno de sus legados más costosos: 158 millones de inversión pública en una infraestructura que ha acumulado pérdidas superiores a 150 millones de euros.
Resumen
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