Carioca - PP

La Operación Carioca destapó la mayor red de tráfico y explotación sexual de mujeres inmigrantes descubierta en Galicia, con tentáculos que alcanzaban a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. La investigación, iniciada en secreto en diciembre de 2008 por la jueza Pilar de Lara en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Lugo, estalló públicamente en octubre de 2009 con las primeras detenciones. La operación tomó su nombre de la procedencia mayoritaria de las víctimas: mujeres brasileñas captadas mediante engaño y explotadas sexualmente en clubes de alterne de la provincia de Lugo. A lo largo de nueve años de instrucción, el caso creció hasta 310 tomos y más de 120.000 folios, con cerca de 90 investigados y más de 400 víctimas identificadas.

La trama revelaba una perversa alianza entre proxenetas y agentes de las fuerzas de seguridad. Los dueños de los clubes Queen's, La Colina, Eros y Eclipse habían desarrollado una estrategia sistemática entre 2003 y 2009 para corromper a agentes de la Guardia Civil, la Policía Local y la Policía Nacional: les pagaban en efectivo y en especie, les facilitaban servicios sexuales gratuitos y, a cambio, recibían información privilegiada sobre inspecciones, protección para sus negocios ilegales y ayuda para regularizar la situación administrativa de las mujeres en situación irregular. Las víctimas vivían en condiciones de terror, con amenazas a punta de pistola, agresiones físicas, abortos forzados y control total sobre sus movimientos y dinero.

Tras dieciséis años desde el inicio de las investigaciones, el proceso judicial concluyó en 2024 con condenas para los principales acusados, aunque muy por debajo de las penas solicitadas inicialmente por la Fiscalía. La jueza instructora Pilar de Lara fue sancionada por el CGPJ en 2019 con siete meses sin empleo y sueldo, alegando dilaciones en la instrucción, una sanción que ella y sus defensores interpretaron como una represalia por su determinación en investigar la corrupción policial. El caso evidenció las dificultades del sistema judicial español para perseguir redes de explotación sexual cuando implican a miembros de las fuerzas del orden.