Campus de la Justicia - PP

El Campus de la Justicia (también llamado Ciudad de la Justicia) fue un proyecto de la Comunidad de Madrid impulsado durante el primer mandato de Esperanza Aguirre (PP) para concentrar en Valdebebas las sedes judiciales de la región, excepto las de jurisdicción nacional. La sociedad pública Campus de la Justicia de Madrid S.A. se constituyó el 12 de enero de 2005 según el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid (ejercicios 2005 a 2015), con la Comunidad como único accionista, y quedó vinculada a la Consejería de Justicia e Interior, dirigida por Alfredo Prada, vicepresidente segundo y consejero entre 2003 y 2008. El diseño preveía 14 edificios y una estimación inicial de unos 516 millones de euros (informe de PricewaterhouseCoopers de 2005).

La sentencia de instancia declara probado que la sociedad y los acusados, integrantes de la mesa de contratación, desplegaron entre 2005 y 2011 una intensa actividad contractual al margen de toda previsión económica y de costes: prescindieron de los Servicios Jurídicos de la Comunidad, fraccionaron pagos, eludieron los umbrales de publicidad y concurrencia y permitieron que empresas adjudicatarias intervinieran en la elaboración de los pliegos. El complejo no llegó a funcionar: solo se construyó parcialmente el edificio del Instituto de Medicina Legal y parte de los túneles de conexión, y la sociedad quedó extinguida en 2015.

Sobre las cifras, conviene no sumarlas: la Cámara de Cuentas de Madrid cifró en 80 millones de euros el coste de ejecución de las nuevas sedes judiciales entre 2006 y 2010 (35 millones la urbanización de la fase I, 22 millones el Instituto de Medicina Legal y casi 19 millones en obras de edificios en los que no se había colocado una sola piedra) y señaló que no era posible cuantificar las pérdidas por falta de documentación; la prensa resumió después el coste del proyecto fallido en unos 98 millones (2018) y el auto de imputación de 2019 en un agujero patrimonial superior a 105 millones. Los 350-355 millones que citan informaciones de 2021-2025 son el gasto total del proyecto atribuido por la prensa, no un perjuicio declarado probado. Las sentencias fijaron responsabilidad civil: la de instancia, 40.482.735,78 euros solidarios; la de apelación, en su fallo, 10.087.479,30 euros indemnizables solidariamente por Prada, De las Heras y García de Castro más otros 310.555 euros solidarios de Prada y García de Castro (10.398.034,30 euros en total), mientras que su fundamentación cifra el perjuicio de la malversación en 10.298.034,30 euros (13 de los 25 contratos analizados). Ambas cifras son las del texto verificado; el CENDOJ vincula a la causa una tercera resolución (AAN 2553/2025) que no se ha podido consultar.

La causa se abrió en agosto de 2018 a partir de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción basada en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid (marzo de 2018), en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. El 10 de septiembre de 2024 la Sección Primera de la Sala de lo Penal condenó a Alfredo Prada a 7 años de prisión por prevaricación administrativa continuada en concurso con malversación agravada continuada (24 contratos por 40.482.735,78 euros); condenó a 3 años y 6 meses a tres directivos como cooperadores necesarios y al letrado asesor Félix José García de Castro como cómplice, y absolvió a Mariano José Sanz. El 12 de marzo de 2025 la Sala de Apelación confirmó la pena de Prada y la condena de Alicio de las Heras, absolvió de malversación a Isabelino Baños y Andrés Gómez Gordo (manteniéndoles la condena por prevaricación, con inhabilitación), rebajó a 1 año, 6 meses y 1 día la pena de Félix José García de Castro (que siguió siendo cómplice) y confirmó la absolución de Sanz. La Sala apreció malversación en 13 de los 25 contratos analizados y redujo la responsabilidad civil.

Sobre la firmeza: la sentencia de apelación era recurrible en casación ante el Tribunal Supremo al ser notificada en marzo de 2025, pero no se ha localizado constancia de que el recurso llegara a interponerse ni de cuál fuera su resultado, de modo que la firmeza actual de las resoluciones es desconocida. Otras limitaciones: las cifras de gasto total varían mucho según la fuente y el periodo; y en octubre de 2025 el Gobierno regional inició las obras de un nuevo proyecto de Ciudad de la Justicia (presupuesto superior a 653 millones), proyecto distinto que no forma parte de esta causa. Los cargos que figuran para los implicados son los que ocupaban en la sociedad pública, extinguida en 2015.