Campus de la Justicia

Revisión y alcance documental (2026-10-17)

La ficha heredada citaba el informe de la Cámara de Cuentas (240 páginas) y las sentencias de instancia (98 páginas) y apelación (54 páginas). En la revisión de 17 de octubre de 2026 se han descargado de nuevo los tres PDF oficiales y cotejado sus cabeceras, número de páginas y metadatos. La lectura ha sido parcial: conclusiones sobre inmovilizado del informe, fallos de las dos sentencias y pasajes de responsabilidad civil de la apelación. También se ha inspeccionado visualmente la página final del fallo de apelación. No se atribuye a esta revisión una lectura íntegra de los 392 folios.

Límites de las fuentes

• Tercera resolución no consultada. Las cabeceras del CENDOJ de ambas sentencias listan como resoluciones del caso, además de la SAN 4440/2024 y la SAN 1165/2025, una tercera pieza (AAAN 2553/2025). No se ha podido acceder a su texto: la consulta por ECLI no ha permitido recuperar su PDF, por lo que no se incorpora como documento consultado. No se formula ninguna afirmación sobre su contenido; solo se deja constancia de su existencia.
• Responsabilidad civil. La sentencia de instancia fijó 40.482.735,78 euros solidarios para el autor y los tres cooperadores necesarios, con responsabilidad subsidiaria del cómplice; la de apelación, en su fallo, 10.398.034,30 euros (10.087.479,30 solidarios de Prada, De las Heras y García de Castro, más 310.555 solidarios de Prada y García de Castro), mientras que su fundamentación cifra el perjuicio de la malversación en 10.298.034,30 euros. Se reproducen las cifras tal como aparecen en el texto verificado, sin sumarlas a otros datos ni presentarlas como la única responsabilidad civil fijada por un tribunal.
• Firmeza y casación. La sentencia de apelación era recurrible en casación al notificarse en marzo de 2025; elDiario.es informó en octubre de 2025 de recursos de cargos condenados al Supremo sin individualizarlos ni identificar el procedimiento. No se ha localizado la resolución de casación o la diligencia de firmeza, de modo que no se declara firme la condena de ninguna persona a partir de esa noticia.
• Cifras de gasto. Los 80 millones de la Cámara de Cuentas (2006-2010), la responsabilidad civil de las sentencias y la inversión anunciada para el nuevo proyecto son conceptos distintos; no se suman. Se retiran del relato las cifras periodísticas de 98, más de 105 y 350-355 millones al no disponer de una conciliación documental de sus ámbitos ni de los documentos originales que permitirían compararlas.
• Declaración de Esperanza Aguirre. Europa Press publicó el 19 de marzo de 2024 una crónica de su declaración como testigo ese mismo martes. Esta fuente permite confirmar el acto, más allá del anuncio de citación; la fecha no se deduce de una noticia posterior. No se le atribuye condición de acusada en esta pieza.
• Informe de la Cámara de Cuentas. La versión utilizada es la que incorpora la corrección de errores de 26 de abril de 2018; la fecha del acuerdo de aprobación del Consejo es la de 22 de marzo de 2018.

Qué cambia la apelación

La adjudicación arbitraria y el perjuicio por malversación tienen alcances diferentes. La Sala mantiene la prevaricación en los contratos analizados, pero limita la malversación a trece: aprecia utilidad en prestaciones vinculadas a la planificación y construcción, frente a gastos publicitarios y de comunicación ajenos al fin público. Por ello las absoluciones de malversación de Baños y Gómez Gordo no equivalen a una absolución de prevaricación. Sanz conserva la absolución y Aguirre figura exclusivamente como testigo.

La responsabilidad civil inicial tampoco se repartía igual entre todos: el fallo de instancia impone solidaridad al autor y los tres cooperadores y hace responder subsidiariamente al cómplice. La apelación modifica esa distribución y las cantidades. La divergencia de 100.000 euros entre la cifra de perjuicio mencionada en su fundamentación y la suma de los dos importes del fallo queda sin resolver. No se ha determinado si la resolución posterior enlazada por CENDOJ incide sobre ella; no se le atribuye una rectificación desconocida ni se presenta ninguna cifra como cuantía firme.

Gasto público y comprobaciones pendientes

Se retira el campo agregado de coste de 355 millones de euros porque corresponde a una estimación periodística del gasto del proyecto, no al daño fijado en la causa. Los 80 millones del informe fiscalizador describen costes de ejecución de 2006-2010; su conclusión sobre la insuficiencia documental impide convertirlos automáticamente en pérdidas probadas.

Los metadatos del PDF de apelación indican una creación del archivo en abril de 2026, pero la cabecera y el fallo pertenecen a la sentencia de 12 de marzo de 2025: esa fecha técnica no acredita una nueva decisión ni firmeza. Los PDF del CENDOJ están anonimizados. En la revisión correctiva se recuperaron también una copia judicial nominativa de la sentencia de instancia y del auto de transformación de 12 de noviembre de 2020, alojadas en Los Genoveses. Se leyeron los encabezamientos nominales, antecedentes y pasajes de cargos de la sociedad, además del fallo de instancia. Esas copias identifican expresamente a los seis acusados; no se reconstruyen nombres a partir de los seudónimos ni de las iniciales del comunicado. No se reproducen sus datos privados de filiación. Falta cotejar el auto relacionado por CENDOJ y el recorrido de casación de cada condenado. Se mantiene completado: false.

La información sobre recursos procede de elDiario.es, noticia de octubre de 2025. El resultado penal se contrasta con el comunicado oficial sobre la apelación y los PDF oficiales enlazados en documentos.

Revisión correctiva de la historia y los nombres

Se contrastaron el anuncio BOE-B-2007-297149 (publicación de 12 de diciembre y firma de 30 de noviembre de 2007), la constitución y extinción de la sociedad en el informe fiscalizador (apartados I.2.1 y I.2.3), su conclusión cuarta sobre inmovilizado (páginas internas 205-206), los antecedentes primero a octavo de la sentencia nominativa de instancia y el encabezamiento y lista de investigados del auto de 12 de noviembre de 2020. El nombre del archivo de este último menciona el día 11, pero su portada y su texto fijan el 12; prevalece el documento. La sentencia distingue la formación de la pieza el 11 de noviembre de su transformación el 12.

La sociedad se extinguió según escritura de 18 de febrero de 2015; esto no equivale al cierre de la causa penal. La historia posterior de la instrucción se refiere a la pieza CJM fase 1 enjuiciada, sin dar por resueltas posibles actuaciones sobre otros periodos. El presupuesto inicial de 516 millones y el número exacto de edificios quedan fuera del relato verificado por falta de cotejo del estudio original de viabilidad. La información sobre el nuevo proyecto de 2025 se limita a lo que afirma su nota oficial y no se usa para valorar el perjuicio del proyecto anterior.

Fuentes nominativas consultadas: sentencia de instancia, copia judicial y auto de transformación, copia judicial. La lectura fue selectiva, no íntegra: encabezamientos, antecedentes indicados, cargos y fallo de instancia, además de los pasajes económicos ya delimitados.

El nombre de Esperanza Aguirre Gil de Biedma y su condición de presidenta se contrastan además en el Real Decreto 1427/2003, de 20 de noviembre, publicado el día 21. El decreto acredita ese nombramiento, no su testimonio de 2024, que se apoya en la crónica presencial citada.