Campus de la Justicia - PP
Descripción del caso
El Campus de la Justicia fue un megaproyecto de la Comunidad de Madrid impulsado en 2004 por el gobierno del PP de Esperanza Aguirre para concentrar en un único complejo en Valdebebas todos los órganos judiciales de la región, exceptuando los de jurisdicción nacional. Para gestionarlo se creó en diciembre de 2004 la sociedad pública Campus de la Justicia de Madrid S.A., cuyo único accionista era la Comunidad de Madrid. El proyecto originalmente contemplaba 14 edificios con un presupuesto estimado de 500 millones de euros. El vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada, asumió el control político y operativo del proyecto entre 2005 y 2011, periodo en el que se adjudicaron contratos por valor de más de 40 millones de euros de forma irregular, sin concurrencia ni transparencia.
La sociedad gestora funcionó como una caja opaca al margen de los controles habituales de la Administración: los acusados prescindieron de los Servicios Jurídicos de la Comunidad, obviaron criterios económicos y de coste, fraccionaron pagos para eludir umbrales de publicidad obligatoria y permitieron que las propias empresas adjudicatarias redactaran los pliegos de los concursos. Un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid, publicado en 2018, reveló la ausencia de soportes documentales, la falta de rendición de cuentas y graves deficiencias en la gestión financiera. El informe fue la base de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que abrió la causa judicial. Tras más de una década de contratos irregulares, obra paralizada y fondos dilapidados, el proyecto quedó abandonado habiéndose gastado en torno a 120 millones de euros de dinero público sin que el complejo llegara a funcionar nunca.
En septiembre de 2024, la Audiencia Nacional condenó a Alfredo Prada a 7 años de prisión por delitos continuados de prevaricación administrativa y malversación agravada sobre 24 contratos que sumaban 40,4 millones de euros. Cuatro directivos de la sociedad fueron condenados a 3 años y 6 meses cada uno. En marzo de 2025, la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional confirmó íntegramente las penas de prisión, aunque redujo la responsabilidad civil conjunta de 40 a 10 millones de euros. La condena no es aún firme al caber recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
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